Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios pasarán a ser los  consejos nacionales para la igualdad.

Su función, según el artículo 156 de la nueva Carta Magna, es formular políticas públicas transversales en temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana.

Actualmente, los dos primeros están adscritos al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y los otros cuatro a la Presidencia de la República.

La transición de estos organismos está bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), que ya ha mantenido reuniones con sus directivos.

Ximena Abarca, directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), refiere que el año pasado el organismo llevó adelante un proceso de evaluación interna dentro del proceso de reforma del Estado que ejecuta el régimen.

En ese diagnóstico se detectaron tres problemas: la débil base jurídica por la cual se creó el Conamu (fue un decreto ejecutivo); la insuficiencia de fondos (maneja alrededor de $ 1 millón al año) y la necesidad de actualizar el rol de las organizaciones de mujeres.

 El documento servirá de insumo a lo que será el nuevo Consejo de la Igualdad para la Mujer, dice la funcionaria.

Lourdes Tibán, secretaria  del Consejo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Codenpe), no está conforme con la nueva estructura.

“El movimiento indígena no se da cuenta de que el Codenpe será absorbido por el Gobierno. Si  el Ejecutivo va a manejarlo, ya no será de carácter indígena sino de carácter gubernamental”, sostiene.

“Vamos a retroceder 170 años, cuando los indígenas eran considerados menores de edad  y necesitaban tutores  que hablen por ellos”, agrega la secretaria del Codenpe, que maneja $ 12 millones al año y tiene 60 empleados.

Luis Alvarado, representante de Guayas en el Consejo de los Pueblos Montubios de la Costa (Codepmoc), tiene un criterio similar. No está de acuerdo con que se les quite a los consejos, especialmente al de los pueblos montubios, la capacidad para ejecutar los proyectos de desarrollo. “El Estado no está en capacidad de hacerlo... Los planes nacen de las necesidades reales de nuestra población”, indica.

El Codepmoc maneja un presupuesto de $ 9 millones; tiene 22 empleados.

Abarca y Alvarado creen que, a futuro, el Estado podría pensar en la creación de un Ministerio de la Igualdad que aglutine a todos estos sectores. Por ahora, su expectativa está en la Ley que regulará el funcionamiento de los  consejos.