Miles de empleados de las funciones del Estado iniciarán un proceso de transición.

Varias funciones del Estado que sufrirán transformaciones o que empezarán a operar con la vigencia de la nueva Constitución ya iniciaron el proceso de transición que establecen las disposiciones transitorias.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social absorberá  lo que ahora son la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor), según la tercera disposición transitoria. Ambas tienen listos sus inventarios.

La primera tiene 60 empleados con nombramiento; su presupuesto es de $ 5,6 millones.

La Senacor, en cambio, tiene 40 trabajadores. Este organismo está adscrito a la Presidencia de la República.

“Esperamos que este espacio de la sociedad civil no se pierda. La CCCC fue pionera en proyectos como las veedurías, las redes anticorrupción de jóvenes y adultos. En el área de investigación dejamos 283 casos en marcha... Son procesos que deben continuar porque son de la gente”, dice Leonardo Alvarado, director  del organismo.

 La Secretaria Anticorrupción ha recibido desde su creación 3.000 denuncias; unas 700 están siendo investigadas, dice su titular, Alfredo Vera.

El actual Congreso Nacional tiene 310 empleados y manejará (en el 2009) un presupuesto de $ 48 millones; estos, según la cuarta disposición transitoria, pasarán a la nueva Asamblea Nacional.

Su administrador, Rodrigo Cáceres, comenta que la Asamblea Constituyente (que se reinstalará el martes próximo) tiene que definir si la Comisión Legislativa transitoria (o Congresillo), prevista en el Régimen de Transición, ya se consideraría como Asamblea Nacional y, por tanto, si asumiría desde la semana entrante al personal, el dinero y los bienes del Congreso.

El artículo 17 de ese apartado señala que “esta Comisión Legislativa cumplirá las funciones de la Asamblea Nacional previstas en la Constitución hasta que se elijan y posesionen los asambleístas”.

La transitoria no prevé una depuración de ese personal.

Los 152 funcionarios (de nombramiento y por contrato) del Tribunal Constitucional (TC) pasarán a lo que será la Corte Constitucional, según la quinta disposición transitoria.

Esta no establece un plazo, pero sí indica que, previamente, debe hacerse un proceso de evaluación  y selección.

El presidente del TC, Patricio Pazmiño, señala que esa depuración le corresponde a la Corte como tal, que estaría funcionando a mediados del 2009, pero el organismo contrató el año pasado una consultoría para adelantar ese trabajo.

Los consultores cotejaron la preparación de los funcionarios (desde conserjes hasta asesores de alto nivel) con los cargos que tienen; de los resultados preliminares se desprende, según Pazmiño, que hay pocas inconsistencias. “El estudio servirá de insumo a la Corte, esta resolverá si lo usa o no”, explica.

Todavía no está claro si el TC asumirá las funciones de la Corte Constitucional hasta que esta sea integrada según la nueva Carta Magna. La interpretación quizás amerite, dice Pazmiño, un pronunciamiento del TC.

El personal que ahora pertenece al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los tribunales provinciales electorales será parte de la nueva Función Electoral, integrada ahora por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral.

Son 150 personas en la sede de Quito y 250 en las provincias. La transitoria undécima indica que estos también serán sometidos a un proceso de evaluación y selección.

Jorge Acosta, ex presidente del TSE, advierte que no existe ninguna norma o reglamento que permita efectuar ese proceso. “Solo hay un enunciado; les corresponde hacer esa selección a los miembros de la nueva Función Electoral”, dice.

Los 4.000 empleados de la Función Judicial   tienen la estabilidad garantizada, según la séptima transitoria.

En este grupo están los funcionarios de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), cortes superiores, tribunales, distritales, fiscales, contencioso y penales, a más del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Solo se realizará la reubicación del personal que actualmente labora en las salas especializadas de la CSJ que desaparecerán, explica Gustavo Donoso, secretario del CNJ.

El jurista Marco Albuja, quien fue asesor de la Asamblea Constituyente, indica que las instituciones mencionadas seguirán funcionando de la misma manera hasta que se designe a sus nuevos titulares según los mecanismos previstos en la Constitución aprobada.

También hace falta que se dicten las leyes bajo las cuales se regirán: la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la de la Función Legislativa y Judicial, la del Consejo de la Judicatura y la Electoral. El Congresillo tiene 120 días para aprobarlas.

Disposición
Los notarios públicos se incorporarán a la Función Judicial, según lo dispone la  Constitución. El Consejo de la Judicatura tiene un plazo de 360 días desde su integración para convocar a un concurso de selección del nuevo servicio notarial.  

Número
Mientras se realiza ese concurso, los 200 notarios del país siguen en funciones prorrogadas.

Costo
Gustavo Donoso, secretario del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), señala que no se ha establecido todavía el costo de la incorporación de estos servidores, pero adelanta que será una “cifra grande”; esta incluye la infraestructura para reubicarlos y el pago de sus remuneraciones.