De una lista de 1.807 rubros que las universidades públicas cobran a sus alumnos, una comisión tripartita –integrada por la Senplades, el Conesup y el Ministerio de Finanzas– analiza cuáles asumirá el Estado como parte de la gratuidad, es decir, qué ítems se relacionan con las exoneraciones que reconoce la nueva Constitución.  

Las universidades públicas del país cobran a sus alumnos una lista de 1.807 rubros que financian la llamada autogestión financiera de las instituciones.

La anunciada gratuidad de la educación superior, sin embargo, pone en duda si los estudiantes seguirán asumiendo algunos pagos, porque la misma Constitución –en su 18ª transitoria– solo menciona las  matrículas, aranceles y derechos.

Definir qué rubros se tomarán en cuenta por la gratuidad es tarea de una comisión tripartita –Senplades,  Conesup y Ministerio de Finanzas– que analiza valores que van desde $ 40 millones hasta  $ 180 millones.

Pero la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador (Asuepe) advierte que si faltan recursos, los alumnos deberán cancelar algunos rubros.

La lista es tan extensa como variada. Desde “afiliación” a internet, servicio de portal, credenciales o uso de laboratorios  hasta papelería, “derecho” a copiar discos, donaciones e, incluso, matrículas de posgrados. La Universidad de Guayaquil  calcula que cumplir con la gratuidad de la educación  le costará al Gobierno más de $ 30 millones, aunque –a primera vista– ninguno de estos rubros se relacione  directamente con la escolaridad del tercer nivel  que establece la nueva Constitución.

El artículo 356 señala que la educación pública será gratuita, pero  hasta el nivel de pregrado, es decir,  no se incluyen diplomados, maestrías ni doctorados. Aunque en ninguno de los  quince artículos que conforman la sección de educación se especifica qué rubros se exonerarán, en la 18ª disposición transitoria se aclara que el Estado compensará a las universidades públicas por los valores que dejen de recibir en tres áreas puntuales: matrículas, aranceles y derechos.

En el país funcionan 73 universidades y escuelas politécnicas  entre públicas, cofinanciadas y  privadas, pero la anunciada gratuidad solo  regirá   en  las 26 instituciones  estatales  de pregrado que, según el censo estudiantil del 2007,  acogen a 315.983 alumnos. Pero, aunque “públicas”, pasan factura a sus estudiantes  por 1.807 rubros distintos.  ¿Quiere decir que   podrán seguir cobrando por cualquier otro  concepto ajeno a la escolaridad que  asume el Gobierno? La respuesta aún es incierta.

Las universidades tienen dos vías de ingreso: las preasignaciones fijas –unos $ 450 millones para todas las  estatales y cofinanciadas por Impuesto a la Renta, IVA y fondos petroleros– y la autogestión por los servicios que cobran a sus alumnos o a externos (por ejemplo, estudios que piden otras entidades). La gratuidad solo incide sobre la autogestión. Pero el número de rubros  que exigen las universidades a sus alumnos es variable, aunque no necesariamente las instituciones que más ítems cobran son las más caras, porque también depende del monto que cada universidad  fija, de manera autónoma,  para cada área e, incluso, para cada facultad o cada carrera, según sea esta tradicional o autofinanciada.

La  de Cotopaxi lleva la batuta con 432 rubros. Le siguen la  Politécnica del Ejército (368), la Técnica del Norte (195),  la de Guayaquil (174) y la de Ambato (113).  Donde menos se cobra es en la  de Bolívar (4), la Amazónica (5), la Politécnica Nacional (7),   Agraria (8) y la de Loja (9).

A Leonela Espinoza y Evelyn Vizuete casi les faltan los dedos de una mano para contar los rubros extraescolares que  pagan con  la matrícula. “Cinco dólares por internet, $ 1,5 por la revista interna,  $ 1,5 por especies, $ 1,5  por la credencial... Hasta $ 0,50 del banco”, suman las alumnas del 4º año de Ingeniería Comercial de la Estatal de Milagro.

Otros ejemplos. Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil –la más grande del país con más de 70 mil inscritos– deben, obligatoriamente,   comprar una especie de $ 1,05 para pedir matrícula y una  carpeta de $ 1 para   ingresar sus papeles. Y si arrastran materias tienen que cancelar $ 3 por cada derecho de examen.   En la U. Central, la segunda más grande con 48.000 alumnos de  pregrado, se  cobra más de $ 3 en la matrícula por un cuaderno que entrega la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

 “La autonomía   que otorgó la Constitución de 1998 les permite a las universidades buscar cómo tapar baches financieros”, argumenta el ex asambleísta León Roldós (RED), ex rector de la Universidad de Guayaquil.

De ahí que, ante la anunciada gratuidad, las cifras que se analizan en los  diálogos entre las universidades y el Gobierno –a través del Consejo de Educación Superior (Conesup) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades)– sigan el mismo ritmo de  Wall Street por estos días: van a la baja y al alza sin definir un valor estable.

La semana pasada, el Conesup fijó en $ 180 millones el costo de la gratuidad en las 26 universidades y enseguida la FEUE señaló  que son $ 120 millones. El presidente Rafael Correa, sin embargo, mencionó   una cifra  que, sin ser la final, es mucho menor: $ 40 millones. La  Senplades analiza otra: $ 47 millones.

A manera de broma, aunque tajante, el titular de la Senplades, Fánder Falconí, aclara que el Estado no tiene por qué pagar hasta la capa y el birrete, pero los alumnos preguntan: ¿seguirán siendo ellos quienes asuman  la autogestión universitaria?

“El Estado solo asumirá lo que dice la Constitución”, menciona Falconí, sin aclarar si será constitucional  que se  cobre a los  alumnos por servicios  que no tengan relación con los créditos necesarios para  obtener el título. “Las universidades  mantienen  autonomía. Para la gratuidad, el Estado solo  tomará como escolaridad lo que forme parte de la malla curricular”. De ahí que se analiza cuántos rubros, de esos 1.807, solventará el Gobierno.

Aunque el artículo 355 habla de  la autonomía financiera de las universidades, el 357 establece que podrán crear fuentes complementarias de ingresos, pero estas  “no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel”.

Las universidades, sin embargo, vaticinan que, con la exoneración del pago, los estudiantes con menos recursos   incrementarán la población universitaria en porcentajes que ni siquiera se atreven a calcular. La misma Senplades difunde  un dato que les hace pensar que ocurrirá eso: desde 1995 hasta el  2006 la tasa de matrícula   del grupo más pobre no varió en la educación pública (se mantuvo en el 3,4%), pero la del sector más rico casi se triplicó (subió  de 8,6% a 21,6%).

En el mismo periodo, la tasa de obtención de títulos universitarios en el grupo más pobre bajó del 1,6% al 1,1% y del más rico subió   del 63,2% al 74%. Pero en general la población universitaria casi se ha duplicado desde 1996 cuando 163.422 alumnos estudiaban en   centros públicos.

¿Pero cómo compensar a las universidades? El cálculo no es una simple multiplicación de alumnos por el costo de  matrículas. Y si los rubros que cobran las universidades a sus estudiantes son tan dispares, las asignaciones estatales a estas instituciones  lo  son todavía más.

 Mientras la educación de un alumno de la Escuela Politécnica del Ejército le cuesta al Estado $ 687  al año, en la Universidad  Amazónica la cifra llega a $ 7.244. Para  la  Técnica   de Esmeraldas el Gobierno desembolsa al año   $  847 por estudiante, para la de Ambato $ 893 y  para  la de Guayaquil $ 903, pero la   Agropecuaria de Manabí recibe  $ 6.399 y  la de Bolívar $ 4.000.

El  artículo 356 señala  que la exoneración del pago se vinculará a la responsabilidad académica de los estudiantes. Pero ¿qué entender por “responsabilidad académica”? La Senplades estableció que la gratuidad cubrirá la escolaridad “estrictamente ordinaria del alumno regular que se desarrolle en tiempo y forma”, es decir, de aquel  que cumpla con sus cursos y créditos en el tiempo establecido y apruebe sus materias sin “arrastres o ningún tipo de situación excepcional, según el orden establecido en la malla curricular vigente al momento de la publicación de la Constitución”.

La FEUE apura la elaboración de una base de datos para ver cuántos alumnos arrastran materias.  Según la  filial de Manta, el 60% de los 12 mil estudiantes de   la matriz de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  arrastra materias y el porcentaje es  mucho mayor en medicina, donde el 90% de los 1.200 estudiantes está    en esta  situación. En la de Guayaquil  la cifra es menor, aunque todavía alta:  10.997 tienen segunda matrícula y 1.593,  tercera. En la Central, en cambio,  7.024  tienen segunda matrícula  y 1.287, tercera.

¿Qué pasará, por ejemplo, con las carreras  autofinanciadas que se abrieron los fines de semana a un costo más elevado por el horario?
¿Qué pasará con el “bienestar estudiantil” que pagan  los alumnos cuando usan el servicio médico interno que sirve para financiar  carreras como medicina? ¿Qué pasará con los rubros que cancelan los alumnos por materiales, por ejemplo, $ 1.300 en tercer año de odontología en la Central? Por ahora hay  más  dudas que  certezas.