Sectores sociales piden al régimen que cumpla las promesas que hizo a cambio de su apoyo al Sí.

A menos de un mes del triunfo del Sí, estudiantes, transportistas, amas de casa, jubilados, sindicalistas y otros sectores empiezan a pasar la factura de su respaldo al gobierno de la Revolución Ciudadana.

“La cosa es dando y dando, votamos por el Sí, ahora el presidente Rafael Correa debe cumplir lo ofrecido”, dice Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transportistas.

El Jefe de Estado ofreció revisar la tarifa de transporte público luego de la consulta.

El plazo para hacerlo venció el miércoles pasado, pero Correa no asumió el costo político de subir el pasaje, optó por mantenerlo congelado y compensar mediante un subsidio a la clase del volante.

Según Cabrera, el costo anual de la subvención podría superar los $ 900 millones.

Alza de salarios para Fuerzas Armadas, Policía, magisterio y otros sectores, cuyo costo bordea los $ 500 millones por año, también engrosan la lista de compromisos.

Aunque la cifra está en  revisión, se debe contabilizar también la gratuidad de la educación superior, que demandará unos $ 100 millones anuales.

Para la afiliación para amas de casa y desempleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) requeriría de una partida anual de $ 950 millones. Otros $ 720 millones serán necesarios para aplicar el sistema de jubilación universal, y $ 500 millones adicionales al presupuesto para la salud y la educación.

Así, la cifra llega a $ 3.720 millones, aunque podría resultar modesta si se toman en cuenta otras promesas hechas a organismos seccionales, a beneficiarios de los bonos de desarrollo humano y vivienda, del microcrédito, préstamos hipotecarios y más. Todos estos sectores le tomaron la palabra a Rafael Correa y exigen resultados.

Entre los primeros en advertir con marchas y huelgas están los estudiantes universitarios, si no se concreta la gratuidad de la educación superior consagrada en la nueva Constitución.

Estudiantes y  la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) discrepan sobre el costo y el mecanismo. Fánder Falconí, titular de la Senplades, defiende la idea de que la gratuidad beneficie a estudiantes con un buen rendimiento académico y solo para la primera matrícula. En tanto, la FEUE exige que el derecho sea universal y se extienda hasta la segunda matrícula.

Otra protesta anunciada es la de la Federación Nacional de Taxistas. Su presidente, Jorge Calderón, dice que si hasta fin de mes no se ha sacado de circulación a los taxis ‘piratas’, se movilizarán hacia Carondelet. 

Fabricio Velástegui, presidente del Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales, que agrupa a 796 organizaciones y a 4 millones de personas, recuerda que en el sector rural el Sí obtuvo un 78%. “Es la votación más alta del país y nos da la certeza de que se cumplirá nuestra aspiración de convertirnos en una entidad con autonomía financiera y administrativa”, sostiene.

Velástegui explica que en este año cada junta parroquial debe recibir una partida de apenas $ 35.804. “Estamos convencidos de que con la nueva Constitución recibiremos los recursos necesarios para invertir en nuestro desarrollo”.

Al analista Jaime Carrera le preocupa esta situación y teme que las promesas incumplidas generen conflictividad social e ingobernabilidad.
Comenta que si bien el primer mandatario aún disfruta de alta popularidad y de cierta tranquilidad gracias a los excedentes por el alto precio del petróleo, este escenario podría modificarse.

El ex asambleísta Pablo Lucio Paredes recuerda que por la crisis financiera mundial el precio del crudo ecuatoriano en la última semana cayó por debajo de $ 60 por barril, mientras el presupuesto de este año se sustenta en un barril de $ 45.

Carrera estima que los ingresos petroleros podrían caer en más de $ 1.500 millones.

Sin embargo, Pablo Lucio Paredes asegura que la política expansiva continuará, pues el Ejecutivo tiene varias opciones. Entre ellas, el uso de la reserva monetaria internacional, que bordea los $ 6.500 millones, que incluye, entre otros, ahorros del IESS y de otras instituciones públicas.

Al respecto, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, dijo a EL UNIVERSO que “todos los compromisos asumidos por el Gobierno serán respetados y financiados de manera paulatina, en función de la disponibilidad de recursos y sobre la base de un análisis técnico".

Cronología

8 de agosto, 2008
En un encuentro con los oficiales de la escuela de Estado Mayor de la Policía, Rafael Correa anuncia que la gratuidad para la educación superior incluirá a las escuelas de uniformados.

21 de agosto, 2008
En visita a  Chimborazo, el Mandatario pide disculpas por no cumplir a tiempo con la rehabilitación del ferrocarril, pero asegura que en dos años la vía estará lista a lo largo de Guamote, Cajabamba y Bucay. Y anuncia que varias haciendas incautadas a la banca cerrada pasarán a manos de campesinos.

2 de septiembre, 2008
El Gobierno  realiza una concentración en El Aromo (Manabí) para promover el Sí y anuncia la ejecución de proyectos en el área de influencia, donde se pretende construir un complejo petroquímico.

13 de septiembre, 2008
En Durán,  el Jefe de Estado anuncia el incremento del bono de la vivienda de $ 3.600 a $ 5.000.

20 de septiembre, 2008
Correa reconoce que el artículo 139 de la Ley de Tránsito, que prohíbe la venta de artículos en los buses, provino del proyecto que presentó la Presidencia y ofrece reformar la norma en caso de ganar el Sí en el referéndum.

Pablo Lucio Paredes
Ex asambleísta
“Correa seguirá en campaña y meterá mano donde pueda; una vez que haya raspado la olla le echará la culpa a la dolarización”.

María Elsa Viteri
MINISTRA DE FINANZAS
“Todos los compromisos  serán financiados de manera paulatina”.