La vigencia de la Constitución hace, según ellos, cambiar reglas de juego para el  manejo de fondos.

Las nueve universidades a las que el Gobierno entrega recursos anuales enfrentarán problemas económicos por la disposición decimoctava de la nueva Constitución.

En ella se establece que “las entidades que reciben fondos públicos destinarán los recursos entregados por el Estado a la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos desde el inicio de la carrera”.

En este caso se encuentran la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Católicas de Guayaquil y Cuenca, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Técnica Particular de Loja, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad del Azuay, Universidad Politécnica Salesiana y Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica.

A la Universidad Católica de Cuenca el Estado le entrega cerca de $ 4 millones, de ese monto buena parte se va al pago de 500 docentes de los 1.000 que laboran en la entidad. Además, los recursos están dirigidos a la construcción de nuevas edificaciones, provisión de laboratorios, según Eduardo Coronel, vicerrector académico.

Si los recursos deben ser destinados a un fondo de becas, las que entregan actualmente, se recortarán o tendrán otro destino, aseguró.
Cada alumno paga por semestre $ 50, “de por sí el estudiante es becado”, afirmó el docente.

Según estimaciones de la universidad, la sede en Cuenca cuenta con 8.000 estudiantes en la modalidad presencial, de ellos, al menos 2.500 tienen media beca o beca total de entre 40 carreras.
 
Para la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), la decisión de enviar los fondos que reciben del Estado para becas los complican y truncan la serie de proyectos que se planificaron para el siguiente año. El Estado paga el 10% de la colegiatura de cada estudiante. Esos recursos estaban destinados al mantenimiento y dotación de laboratorios, bibliotecas y recursos didácticos.

Solo el mantenimiento semestral del laboratorio de biotecnología cuesta $ 10 mil, explicó la laboratorista Jésica Maicincho. “Si se recorta el presupuesto se disminuye el número de prácticas y no llegaremos al nivel de pregrado, sino al de colegio”.

Otro de los proyectos que quedaría truncado es la implementación de la simulación de riesgos. “Esperábamos comprar equipos para simular catástrofes, con esos aparatos podíamos capacitar a los organismos que están inmersos en la gestión de riesgos”, sostuvo Marcelo Cruz, vicerrector académico de la ESPE.

Cruz recalcó que en su universidad sí otorgan becas a los estudiantes. De un total de 25 mil alumnos que asisten en las tres modalidades: presencial, a distancia y virtual, 4 mil reciben becas.

Los rectores de las universidades cofinanciadas prevén reunirse el próximo miércoles en la Universidad Católica de Guayaquil para definir una postura frente al Gobierno.