España no paga bono de 2.500 euros a las inmigrantes con menos de 2 años de estadía legal.

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la definió como la mayor medida de apoyo a la natalidad de la democracia en el país europeo. La propuesta bautizada como “cheque-bebé”, que el mandatario anunció el 3 de julio del 2007, no sonaba nada mal: 2.500 euros (unos 3.325 dólares) por cada hijo recién nacido o adoptado.

Hasta el 30 de junio pasado, 401.371 madres cobraron la prestación en España, según la Agencia Tributaria. El número podría ser mayor, pero la subvención es discriminatoria con los matrimonios mixtos, algunos de ellos (no se puede  precisar la cifra) conformados por mujeres ecuatorianas y hombres españoles.

El problema surge porque las madres inmigrantes no cumplen uno de los requisitos que marca la norma: residir de manera legal, efectiva y continuada durante los dos años anteriores al nacimiento.

Dos de cada diez niños que nacen en España son de madre extranjera, según datos oficiales. El año anterior, la cifra de alumbramientos de hijos de padres foráneos ascendió a 92.992. De ellos, 9.300 eran ecuatorianos.

A la guayaquileña Glenda de la Torre le negaron la prestación. Dio a luz el 5 de diciembre pasado, pero cumplió dos años de estancia regular recién en febrero. El parto se adelantó dos meses y la familia perdió los 2.500 euros que tenía previsto destinar a los gastos de la pequeña. Si la ecuatoriana contara con pasaporte español y su cónyuge (que es español) fuera el extranjero, el Estado desembolsaría el dinero.

De las arcas públicas ya han salido 1.002’175.483 euros (unos 1.332’893.392 dólares). La ayuda está dirigida solo a las progenitoras.
En las parejas heterosexuales, son ellas las que deben cursar el trámite. La beneficiaria directa es la madre, y el padre tan solo en caso de fallecimiento de esta.

Esta circunstancia provoca que ante la Ley los hombres estén en desventaja pues no importa ni su nacionalidad, ni su residencia. No en vano los detractores y perjudicados de la iniciativa le han adjudicado el nombre de “cheque-mamá”.

Las quejas han llegado hasta la Defensoría del Pueblo. Los reclamantes, sostiene su titular Enrique Múgica, “se consideran marginados respecto a los padres adoptantes del mismo sexo, porque ellos sí pueden elegir cuál de los dos va ser el beneficiario de la ayuda”.

“Bastaría utilizar este criterio para todos para evitar que se vulnere el principio de igualdad que defiende la Constitución española”, advierte José Luis Gil, portavoz de la Asociación de Familias Discriminadas por el ‘cheque-bebé’.

El pago no se reconoce tampoco si el niño nace fuera de territorio ibérico o si una madre reagrupada no cumple los 24 meses de residencia con documentos. Ningún ministerio que pudiera estar implicado (Economía, Igualdad, Educación y Asuntos Sociales y Trabajo e Inmigración) asume su responsabilidad. Son conscientes de que la normativa genera “situaciones de desigualdad” pero remiten cualquier pronunciamiento a la Agencia Tributaria, donde se limitan a decir que la ley determina unos requisitos y que estos deben cumplirse.

Los perjudicados
La Asociación de Familias Discriminadas por el ‘cheque-bebé’ ha sumado quejas de más de 1.500 afectados. Sus miembros estiman que el número de perjudicados rondaría los 15.000.

Cambio de la normativa
El Pleno del Senado rechazó el miércoles pasado solicitar al Gobierno que modifique la Ley para extender esta medida a las mujeres casadas con españoles que no hayan cumplido los dos años de residencia legal. La petición la abanderó el conservador Partido Popular.