La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y varios intelectuales, entre los que se encuentran los escritores de izquierda Mario Benedetti y Eduardo Galeano, de Uruguay, denuncian la “dictadura familiar” de Daniel Ortega en Nicaragua y la persecución del periodista Carlos Fernando Chamorro. Reproducimos un extracto de su declaración del 13 de octubre del 2008.
El proyecto de concentración arbitraria de poder a largo plazo del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, en lo que cada vez más asume el carácter de una dictadura familiar, ha llevado en los últimos meses a la clausura de partidos políticos y malversación de las reglas electorales, a la represión a garrotazos de manifestaciones opositoras por medio de fuerzas de choque, a la persecución de artistas y escritores como el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal y los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy.
El último en esta lista es el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el valiente director del diario La Prensa asesinado por la dictadura de la familia Somoza en 1978. Carlos Fernando dirige en Managua el programa de televisión ‘Esta Semana’, que se transmite por el canal 8 y goza de amplia credibilidad por su independencia y profesionalismo, y preside también la Fundación Cinco.
En junio del año pasado, Carlos Fernando presentó en Esta Semana una investigación periodística demostrando la existencia del primer gran caso de corrupción en el gobierno de Ortega: una millonaria extorsión extrajudicial fraguada desde la Secretaría del partido FSLN, donde también opera la Casa Presidencial. La Fiscalía enterró el caso en la impunidad; el empresario que denunció la extorsión fue condenado por injurias y calumnias, y el diputado Alejandro Bolaños, que respaldó la denuncia, fue despojado arbitrariamente de su escaño legislativo.
Desde entonces Carlos Fernando fue sometido a una campaña de difamación en la televisión y la radio oficial, que controla Rosario Murillo, la esposa de Ortega.
Ahora, se le ha abierto causa por “lavado de dinero”. El Ministerio de Gobernación ha acusado a Cinco, y por tanto a Carlos Fernando, de “triangulación y lavado de dinero” por haber suscrito un convenio con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), organismo que ha condenado la prohibición del aborto terapéutico establecido en las leyes por el régimen de Ortega, convenio financiado por ocho gobiernos europeos.
La esposa de Ortega se había adelantado a señalar este convenio como “el fondo satánico” y “Los fondos del mal”. El caso ha pasado a la Fiscalía General, que decide las acciones penales en contra de los ciudadanos, y Carlos Fernando fue sometido ya a un extenso interrogatorio por los fiscales designados para llevar el caso.
Posteriormente, la Fiscalía General, valiéndose de la orden fabricada de un juez de los que obedecen a Ortega, consumó un allanamiento policial violento a las oficinas en que funciona la Fundación Cinco. En el operativo fueron utilizados más de 40 policías que acordonaron la zona con cintas de “escena del crimen”, se rompieron las puertas, y en un allanamiento y operación de cateo que duró 15 horas, fueron secuestrados los archivos de la organización.
Llamamos a la comunidad internacional a denunciar estos hechos.