Ministro expresó que habrá control estricto de fronteras para evitar el ingreso de los antisociales.

El fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, planteó ayer la necesidad de revocar la disposición del Ministerio de Gobierno para que la Policía pueda mostrar los rostros de los delincuentes, como una medida para frenar la inseguridad.

El planteamiento lo hizo tras el asesinato, por parte de tres sicarios, del subjefe de la Policía Judicial (PJ) de Milagro, capitán Byron Palacios, ocurrido el martes pasado en  ese cantón, donde se alista una marcha.

Según Pesántez, los rostros que la ciudadanía debería identificar son el de los delincuentes y no el de los operadores de justicia, a quienes les toca dar la cara tras la captura de quienes infringieron la Ley al delinquir.

Aunque una decisión al respecto depende del Ministerio de Gobierno, el Fiscal se anticipó a solicitar a la PJ que desde ya acoja su propuesta.

Esta medida sería parte de un plan global, en el que trabaja la Fiscalía General, el Ministerio de Gobierno y la Policía para frenar los actos delictivos, y que incluye un control estricto de las fronteras norte y sur, a fin de evitar el ingreso de sicarios y otro tipo de delincuentes.

A su juicio, el Ecuador se convirtió en un lugar de paso para la migración a Estados Unidos, sobre todo de ciudadanos chinos, que en los últimos tres meses ingresaron ocho mil. Más de la mitad de ellos no regresó a su país, mientras un grupo salió por las fronteras ecuatorianas. Muchos de los migrantes, agregó, fueron contactados en China por organizaciones que se dedican al tráfico de personas.

Tras dar sus condolencias por la muerte de Palacios, el Fiscal ofreció ir hasta las últimas consecuencias en las investigaciones por la muerte del “joven y valiente oficial de Policía”.

Paralelamente, rechazó la decisión del presidente de la Corte Superior de Guayaquil, Primo Díaz, quien fijó una fianza a favor del futbolista de Barcelona Álex Bolaños, que participó en un accidente de tránsito en el que supuestamente conducía en estado etílico, pese “a que los delitos de reclusión no son susceptibles de ese beneficio”.

También cuestionó a los jueces que resolvieron entregar los bienes incautados durante el operativo Ciclón, en 1992.