Propietario de hidroeléctrica San Francisco busca detener pago  a favor de Bndes.

El Fondo de Solidaridad (FS) contrató al estudio jurídico Hogan & Hartson, de Estados Unidos, para impedir que el país pague el crédito al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, con el que se financió la construcción de la central San Francisco, que empezó a operar desde ayer.

La decisión de no pagar se debe al conflicto que el Gobierno tiene con la constructora de esa hidroeléctrica, la brasileña Odebrecht.

El Bndes concedió el préstamo a favor de Hidropastaza, primera concesionaria de la obra, y el Gobierno no es partidario de pagar ese dinero por considerarla que tiene indicios de ilegitimidad ya que esa compañía, además de ser de derecho privado, aceptó capitalizar intereses y sobre ese monto pagar otros.

“A eso se lo conoce como anatocismo y no es permitido en la legislación ecuatoriana”, dijo Jorge Glas, presidente del directorio del Fondo.

La deuda, que el Gobierno pretende no reconocer, está regentada por el convenio recíproco de pago de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), organismo conformado por los bancos centrales de los países miembros.

Por lo que  no cubrir la obligación por parte del adquiriente (Hidropastaza) implica que el garante lo haga; el débito automático, por tanto, se hará de las cuentas del Banco Central del Ecuador (BCE), que a través de dos decretos ejecutivos asumió esa responsabilidad.

Así lo establece el contrato de financiamiento suscrito entre Hidropastaza (concesionaria) y Odebrecht (constructora), el 13 de marzo del 2000.

Es por ello que  para evitar ese pago “vamos a tomar todas las medidas legales y hay una estrategia jurídica, que evidentemente es internacional (...) para defender los intereses nacionales”, argumentó Glas.

A eso, añadió el secretario Anticorrupción, Alfredo Vera, el contrato reza que  “al margen de cualquier conflicto que haya con el constructor  esa deuda se paga porque se paga; así está firmado”.

La estrategia de defensa empezó a armarse ayer, luego de que en la noche del miércoles un grupo de abogados de la firma arribó al país.

Las reuniones estarán concentradas en el Fondo de Solidaridad, la Procuraduría y la Secretaría Anticorrupción.

“Nosotros estamos llevando un reclamo legítimo, más allá del contrato de concesión, más allá del contrato de financiamiento y más allá del acuerdo de accionistas (...). Estamos exigiendo a una empresa privada que nada tiene que ver con el Estado brasileño, que responda  por lo que hizo o dejó de hacer”, sostuvo Glas.

El decreto  1383, firmado por el presidente de la República, Rafael Correa, el 9 de octubre pasado, dispuso al Fondo de Solidaridad analizar la validez, legalidad y legitimidad del contrato de financiamiento suscrito entre la Agencia Especial de Financiamiento Industrial (Finame), en su calidad de agente mandatario del Bndes de Brasil, e Hidropastaza.

El anuncio del Gobierno de no cancelar el préstamo causó esta semana  reacciones de altos funcionarios de Brasil. El canciller Celso Amorim advirtió que el comercio entre los dos países se podría reducir a cero si no se cancela la deuda. Ecuador mantiene un déficit comercial con ese país, pues importa mucho más de lo que vende.

Mientras que el ministro de Energía brasileño, Édison Lobao, consideró una “bravuconada” la expulsión de Odebrecht, una medida que se extendió a la fiscalizadora Furnas.

EMPRESAS: Participación

Hidroagoyán
El Fondo de Solidaridad (FS) es dueño de la generadora Hidroagoyán,    concesionaria  de  San Francisco.

Hidropastaza
Hidropastaza está conformada en el 14% por Odebrecht, 80% por Hidroagoyán (del FS) y 6% por Ansaldo, que luego pasó el paquete accionario a Alstom-Va Tech.