Víctimas de Franco.

El juez español Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar las “desapariciones” durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975), primer paso en España para esclarecer la suerte de más de 100.000 personas, muchas en fosas comunes.

Garzón identificó el delito como una “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”.

Responde así a 22 denuncias de asociaciones de familiares de toda España, “sobre un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a partir de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de 114.266 personas –según datos de las familias–, desde 1936, durante la guerra civil y la posguerra”.

Una ley de 1977, dos años después del fin de la dictadura, declaró una amnistía que impidió investigar esos delitos, pero Garzón defiende que los crímenes contra la humanidad no pueden anularse. La fiscalía española ha anunciado que recurrirá la decisión.

El juez creó un grupo de expertos y de policías judiciales, y autorizó exhumaciones de fosas en 19 poblados españoles, entre ellas la que contiene los restos del poeta Federico García Lorca junto con el maestro de escuela Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas, ejecutados en 1936 cerca de Granada a manos de antirrepublicanos.

En los últimos ocho años la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), abrió en España, sin ayuda pública, algo más de 110 fosas comunes de personas casi todas asesinadas por el bando franquista ganador, con 1.200 cuerpos, y datos de casi 400 fosas más en el país.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), se congratuló de que “comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos”.