Italia suprimirá la prisión por el controvertido delito de inmigración ilegal que quiere instituir el gobierno de Silvio Berlusconi, informaron este jueves los medios locales al tiempo que señalaban la llegada de más de 650 clandestinos a la isla de Lampedusa (Sicilia, sur).
El ministro del Interior, Roberto Maroni, explicó el miércoles por la noche ante una comisión parlamentaria que la prisión será sustituida por una sanción pecuniaria, que abrirá la vía a la expulsión del país.
Tras esa sanción penal, "podremos proceder a la expulsión inmediata" del extranjero en situación irregular, afirmó.
El proyecto de ley inicial, que actualmente examina el Parlamento, preveía penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel.
La difusión de las declaraciones de Maroni coincidió con la llegada a la pequeña isla de Lampedusa, el jueves por la mañana, de tres embarcaciones con más de 650 inmigrantes ilegales, según los guardacostas italianos.
Un barco de la marina italiana recogió a 239 personas -entre ellas 51 mujeres y cuatro niños- y otra embarcación de las fuerzas aduaneras a otros 132 inmigrantes ilegales -entre ellos 49 mujeres- que se hallaban a la deriva en una lancha neumática a 15 km de la costa.
Otras 300 personas que lograron alcanzar la costa fueron interceptadas y trasladadas al centro de primera acogida de Lampedusa.
La última oleada de desembarcos de clandestinos en la isla, situada frente a las costas de Libia, fue el 7 de octubre, cuando llegaron más de 800 personas en menos de 24 horas.
El anuncio del ministro también coincidió con la difusión de unas cifras que muestran el número excesivo de presos: 56.768 a finales de septiembre, cuando las cárceles italianas tienen capacidad para 42.992 detenidos.
La creación del delito de prisión para la inmigración clandestina había sido criticada por las organizaciones no gubernamentales, la oposición de izquierda, la magistratura y las instancias europeas.
Maroni también señaló que tendrá en cuenta la opinión negativa de la Comisión Europea sobre la expulsión automática de ciudadanos de la UE sin domicilio fijo o con ingresos insuficientes, prevista por el proyecto de ley sobre la seguridad.
El ministro indicó que se había procedido a 6.553 expulsiones en los nueve primeros meses de 2008, un 28 % más respecto al año anterior, y que 27.417 inmigrantes ilegales habían llegado a Italia en ese mismo período.