jueves 16 de octubre del 2008 Columnistas

¿Se tratará igual a China y a Brasil?

En el Decreto Ejecutivo 1348 mediante el cual de forma absolutamente inconstitucional y arbitraria el Presidente dispuso, dizque para superar la emergencia, la requisición de todos los bienes muebles e inmuebles de Odebrecht, a sabiendas de que habrá que indemnizarla, por así ordenarlo la Ley de Seguridad Nacional, se señaló como uno de los motivos para adoptar la decisión el hecho de que dicha compañía “…no ha cumplido eficientemente con sus labores…”.

Con esta lógica gubernamental, si una compañía extranjera, al ejecutar contratos públicos, no cumple eficientemente con sus labores, se expone a que se declare la emergencia nacional, se ordene la movilización nacional y se disponga la requisición de bienes, incluyendo, claro está, su expulsión del país.

Por supuesto, esta forma de actuar es absolutamente contraria a la Constitución y la ley, ya que no existe en la legislación nacional la figura de la “expulsión del país” que pueda ser aplicada a ninguna empresa, ni nacional ni extranjera, ni como sanción ni de ninguna otra manera y mucho menos se puede utilizar la figura de la emergencia para estos casos aunque, políticamente, tal demostración de supuesta soberanía agrade a muchos. Claro que estas actuaciones no debieran extrañarnos ya que en el Ecuador no existen ni Constitución ni leyes que se respeten, motivo principal por el cual las inversiones están cada día más lejos y buscan a Brasil, Panamá, Colombia y Chile como destinos principales, fundamentalmente por la seguridad jurídica que en esos países se encuentra.

En definitiva, aquí no existe seguridad jurídica, sino el reino de la arbitrariedad.

Sin embargo, ¿se obrará igual con todos?

Como se recordará, una empresa estatal china, domiciliada en el Ecuador, está construyendo el llamado cuarto puente, sobre el río Babahoyo. Esta obra, contratada sin licencia ambiental, motivo por el cual ya la Contraloría ha ordenado una auditoría, que probablemente traiga como consecuencia la nulidad del contrato, debería terminarse en el plazo máximo de dos años, según la oferta presentada.

No obstante, hace poco, el jefe de los ingenieros chinos a cargo de la obra, Li Yu Bing, declaró que “ha hecho (estructuras) similares, pero no en tan poco tiempo”.

Estas gravísimas declaraciones anticipan que la obra no se terminará en dos años. Es más, según el cronograma, luego de recibido el jugoso anticipo de más de cincuenta millones de dólares, ya debería estar completamente terminado el campamento, haber empezado el hincado de pilotes en tierra y estarse hincando los pilotes sobre el río, lo cual, según lo pueden constatar miles de ecuatorianos cada día, no ha ocurrido. Incluso, parecería ser que ni siquiera las expropiaciones, a cargo del Estado, han terminado, con lo cual se está preparando el terreno para solicitar nuevas prórrogas.

Es más, de forma previa a las elecciones y ante una visita del Presidente, se hacían intentos desesperados para obtener la autorización de la AGD para tumbar una pared del Puntilla Mall para poder trasladar maquinaria y probablemente dar la impresión de que se estaba trabajando activamente según el cronograma.

Si tal como parece existen serios retrasos en la ejecución de las obras, ¿está cumpliendo la constructora de manera eficiente con sus labores?

¿Terminará también el Gobierno este contrato vía requisición, o el  show  fue únicamente para los brasileños?

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