El sábado, tres gabarras de la empresa estatal Petroamazonas, con equipo para perforar pozos petroleros, ingresaron por el río Aguarico en territorio de la comunidad Playas del Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Iban protegidas por una fuerte dotación militar que incluyó, según testigos, varios helicópteros y alrededor de cuatrocientos soldados.
Las gentes del lugar aseguran que nadie les advirtió el propósito de ese convoy, así que al sentirse agredidas quisieron detenerlo. Les respondieron con balas de goma y bombas lacrimógenas. Cuatro pobladores quedaron heridos. Según las autoridades, un soldado sufrió quemaduras en el rostro.
La idea de que solo se debería extraer petróleo donde las comunidades indígenas lo permitan me parece absurda y egoísta. El crudo paga los sueldos de médicos, maestros y policías del sector público, y nadie debería tener derecho a perjudicar a quienes –mal o bien– se benefician de esos servicios.
Pero hay que reconocer que el miedo de las comunidades indígenas al petróleo tampoco es gratuito. Si alguna vez tienen ocasión, visiten Lago Agrio y acérquense a las piscinas de residuos tóxicos que allí dejó la Texaco. Conversen con los familiares de quienes murieron por esa peste, o engendraron hijos deformes, o arrastran alguna dolorosa enfermedad. Comprenderán por qué Playas del Cuyabeno, a pocos kilómetros de allí, mira con recelo la actividad petrolera, aunque nosotros, a la distancia, sepamos que hoy se dispone de suficiente tecnología en el mundo como para evitar que desastres así se repitan.
Por todo esto, ni siquiera las grandes corporaciones del crudo niegan ya, en público, la obligación de negociar (que no es lo mismo que pedir consentimiento previo), e incluyen en su nómina a centenares de especialistas, antropólogos y sociólogos encargados de esa tarea.
Anteayer, Wilson Pastor, gerente de Petroamazonas, informó que la empresa estatal suspendería sus actividades “hasta que el Estado concluya las consultas previas”. Con eso admitió que si de verdad hubo negociaciones, estas no habían concluido. ¿Por qué entonces la prisa? ¿Por qué no se agotó primero la instancia del diálogo, como finalmente se resolvió?
La transparencia, de la que tanto se habla, no debería involucrar solo el derecho a saber cómo se gastan los dineros del Estado. Quizás mucho más importante sea la transparencia social, es decir la obligación del Estado de informar cómo maneja los conflictos sociales. Solo así será legítimo luego utilizar la fuerza si hiciese falta. Solo así el país sabrá que su Gobierno hace prevalecer los intereses del país, pero respeta los derechos humanos.
Transparencia quiere decir que conozcamos la evolución de un conflicto no cuando los fusiles ya se han disparado, como en Dayuma o a orillas del Aguarico, sino cuando todavía se negocia para evitarlo. Que el Gobierno informe de cada esfuerzo que realiza para convencer antes que imponer.
Por eso me parece tan adecuada la propuesta de los habitantes de Playas del Cuyabeno, que piden ahora que el Gobierno difunda las actas y conclusiones de los supuestos diálogos que mantuvo con las comunidades indígenas del sector, incluyendo los nombres de quienes participaron. Es un pedido razonable que espero que se lo atienda.