Informe.

Los magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) preparan una rendición de cuentas antes de dejar el cargo, y en los diez días después de la proclamación de los resultados que establece la nueva Constitución asumirán funciones administrativas y normativas.

La idea de retirarse del cargo, transcurrido ese lapso, no ha cambiado  y más bien preparan un informe sobre las causas resueltas desde que asumieron su función.

El informe, que lo redactaban  las secretarías General y  de las diez salas especializadas, incluirá el número de causas resueltas, los procesos que quedarán pendientes y su estado.

Esta tarea se inició días atrás, antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  anuncie para esta semana la oficialización de los resultados del referéndum del 28 de septiembre pasado y entre en vigencia la nueva Constitución, que determina cambios sustanciales en el sector justicia.

Al evento serán invitados los dirigentes de organizaciones sociales y los representantes de las organizaciones de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, que formaron parte de las veedurías que supervisó la elección de la actual Corte.

El informe será presentado por su presidente, Roberto Gómez Mera, el último día hábil de los diez días que determina el Régimen de Transición de la nueva Constitución y que declara terminados los periodos de los magistrados de la CSJ.

Durante esos días, según el magistrado Mauro Terán, no podrán tramitar o resolver causas. La razón: la transitoria octava de la nueva Constitución determina que los procesos que sustancian los miembros de la Corte Suprema, así como los que estén en las Cortes Policial y Militar, pasarán a conocimiento y resolución de la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según el magistrado, aunque hay jueces que renunciarán al día siguiente de la proclamación de los resultados del referéndum, en el pleno  no hay la intención de aceptar las dimisiones, pues existe un acuerdo previo para retirarse del organismo transcurridos los diez días de los que habla la Constitución.

Mientras que ayer, un grupo de indígenas de Riobamba, que conforma una organización de comerciantes informales, se apostó  en las afueras de las instalaciones de la  CSJ.

Los manifestantes pedían a la Tercera Sala Civil acepte la demanda planteada en  contra del alcalde de la ciudad, Ángel Yánez, para que se cumpla la construcción del mercado zonal y terminal intercantonal e interparroquial en un terreno que se expropió al Centro Agrícola de Riobamba, o de lo contrario se permita la readquisición del predio.