Combustible.

Veinte personas permanecen hace dos semanas en la puerta de ingreso de la Policía Judicial de Tulcán para exigir la devolución de los vehículos que fueron retenidos en operativos para frenar el contrabando de combustibles a Colombia.

Ayer se registraron fricciones cuando los uniformados advirtieron con utilizar la fuerza si no se retiraba el grupo de personas dedicadas al comercio ilegal de gasolina y gas doméstico con el vecino país.

Los manifestantes expresaron  con gritos su rechazo a la advertencia y colocaron carteles en las paredes con leyendas en contra de la incautación de sus automotores.

Al sitio llegó el comandante de Policía del Carchi, Raúl Palma, quien visiblemente enojado les solicitó a los informales que desalojaran el lugar.

“Están obstaculizando el trabajo policial y para desalojarlos utilizaremos la fuerza”, advirtió la autoridad.

A los informales la Policía les retuvo cerca de 150 vehículos, entre camiones, camionetas y automóviles, en diferentes operativos.

A Marco Escobar, de nacionalidad colombiana, la Policía le retuvo su carro hace seis meses. Él tramitó la autorización para sacar su vehículo de los patios de la PJ, sin embargo, por la protesta, conversó con los manifestantes por unos 30 minutos para poder ingresar y retirar el automotor.

Escobar no vendía combustible, pero al momento del operativo se le encontraron arroz y otros productos comestibles. A Azucena Martínez, al igual que Escobar, también le confiscaron el automotor y finalmente se lo devolvieron.

Efrén Benavides, gobernador de Carchi, dijo que el problema de los informales se origina porque “ellos desde hace mucho tiempo se enseñaron a ganar dinero fácil”.

Después de la visita del Gobernador y el Comandante de la Policía, un grupo de informales decidió retirarse de los predios de la PJ.

“Este tipo de decisiones son las que los ayudan para poderles entregar los créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional (CFN). Les solicitamos a las personas que aún se aferran a este trabajo ilícito que piensen en tener su propio negocio legal, sin que existan problemas con la justicia”, dijo Steven Vergara, representante de la CFN en la provincia.

Sin embargo, los 20 informales que aún pernoctan en las afueras de la Policía Judicial, impidiendo el ingreso de los gendarmes a esta dependencia, indicaron que no temen a nada. “Nosotros reclamamos algo justo. Nadie nos va a sacar”.