El gobierno ecuatoriano denunció ante la Fiscalía supuestos sobrecostos y otras irregularidades en los millonarios contratos que habían sido adjudicados a Odebrecht tras expulsar a esa constructora brasileña, dijo este lunes el secretario anticorrupción, Alfredo Vera.

"Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baños, otra denuncia ante la Fiscalía que está en la jurisdicción del proyecto (hidroeléctrico) Baba y otra en la Fiscalía de Manabí por el proyecto (de riego) Carrizal-Chone", afirmó Vera en conferencia de prensa.

Además, el Gobierno ordenó que se revoque los visados de cuatro funcionarios de la compañía brasileña.

Mediante decreto ejecutivo, el presidente Rafael Correa especifica que si los funcionarios se encuentran en el país, tienen 48 horas como plazo máximo para abandonarlo.

El presidente Rafael Correa revocó dichos contratos a Odebrecht -valorados en unos 800 millones de dólares- y ordenó la expulsión de la constructora en un pleito que tensionó las relaciones entre Quito y Brasilia, que protestó por el trato dado a la empresa.

No obstante, las autoridades encontraron millonarios sobrecostos en los convenios y adendums que descartaban el pago de lucro cesante en caso de daños, incluso algunos de ellos dejaban abierta la puerta para "sufragar obras no contempladas en los contratos", afirmó Vera.

"La justicia tiene que indagar el grado de responsabilidad de los ecuatorianos que hicieron posibles estos atracos que perjudicaron al Estado", dijo el funcionario, agregando que Odebrecht "agredió económicamente" a Ecuador.

Al anticipar posibles sanciones, el secretario anticorrupción recordó las palabras de Correa respecto de "que no permitirá que una compañía extranjera venga a burlarse del pueblo ecuatoriano".

El sábado el jefe de Estado aseguró haber firmado un decreto ordenando la expulsión de la constructora y la firma fiscalizadora de las obras, también brasileña, y advirtió que no "dejará en la impunidad" las presuntas irregularidades.

Odebrecht, cuyos bienes fueron embargados en Ecuador, aceptó asumir sus responsabilidades tras un primer ultimátum oficial, pero el gobierno resolvió suspender sus operaciones alegando graves anomalías.

El gobierno brasileño reaccionó suspendiendo la visita a Ecuador de una misión ministerial que debía revisar un proyecto interoceánico que involucra a Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.