Brasileña mantiene demanda contra Ecuador por Ley 42; mientras, el régimen actúa con prudencia.   

Los discursos diferentes que ha manejado Petrobras, petrolera estatal de Brasil, durante el proceso de negociación de los contratos petroleros, desde noviembre del 2007, han sido el mayor impedimento para que el Gobierno selle un acuerdo definitivo con la compañía.

A eso se suma la ausencia de un marco legal para garantizar el nuevo contrato de prestación de servicios y los anuncios políticos del presidente Rafael Correa, según profesionales que participaron de los acercamientos, desde febrero pasado, quienes pidieron mantener en reserva sus nombres.

En abril pasado, dos meses después de haberse iniciado las conversaciones, el grupo negociador llegó a un primer acuerdo con Petrobras: la compañía se comprometió a no reclamar nada por el pago de los excedentes petroleros, que por la vigencia de la Ley 42 (del reparto), en abril del 2006, se habían generado.

Antes de esa fecha y hasta comenzadas las negociaciones con el actual Gobierno (sus antecesores también emprendieron las suyas), Petrobras, al igual que las demás contratistas, rechazaba el pago del reparto por considerarlo atentatorio a la estabilidad económica del contrato. Pero, en abril, la brasileña declinó de esa posición y pudo haberse firmado un acuerdo definitivo “si el Jefe de Estado, faltando dos días para cerrarse, no suspendía el proceso fijando plazos”, recuerda uno de los involucrados.

En ese entonces también se acordó no aplicar demandas por inconformidad del contrato ante un organismo internacional como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) y cambiar el tipo de contrato: de participación a prestación de servicios.

Las salidas siempre se buscaron para el bloque 18 y el unificado (compartido con Petroecuador) Palo Azul. El 31, que luego fue devuelto al Estado, no entró en discusión.

Pero tras el fallido intento de febrero, la compañía aumentó la dosis del reclamo y volvió a reprochar el pago de los excedentes. Su malestar se duplicó porque el Gobierno, a través de la Procuraduría, aceptó que en el campo Tarapoa, administrado por la china Andes Petroleum, no rija la ley de reparto petrolero por considerar que su contrato ya contaba con eso.

Petrobras sostenía que el contrato de Palo Azul, en discusión, era similar al Tarapoa y bajo ese argumento volvió a rehusar el pago. “Ahora sostienen que la Ley 42 no corre para ellos y en ese punto se mantienen”, dijo José Sánchez, coordinador de las negociaciones petroleras en la administración del ex ministro de Minas Galo Chiriboga.

Paralelo a las renegociaciones, Petrobras impulsó una demanda contra el Ecuador bajo las reglas del Ciadi. El litigio está en la Corte de Londres, en donde se completa el Tribunal Arbitral. Petrobras ya nombró el suyo y pidió a Ecuador hacer lo mismo.

En ese litigio, la contratista brasileña reclama indemnizaciones por el bloque 31 y por trato discriminatorio y persecución por el pedido de caducidad en el bloque 18.

Eso, mientras ofreció firmar el nuevo contrato de prestación de servicios y espera un pronunciamiento final en torno al inicio o no de un proceso de caducidad. Esa decisión está en manos del contralmirante Luis Jaramillo, presidente ejecutivo de la estatal Petroecuador, quien el miércoles pasado señaló que el análisis jurídico “está casi por concluir”. En máximo dos semanas habrá una respuesta definitiva.

Entre tanto, Sánchez reconoció que el proceso de renegociación tuvo complicaciones porque no contaban con el marco legal de los nuevos contratos. “Me he opuesto a discutir un contrato que no está totalmente terminado”, expresó, porque están pendientes reformas a tres reglamentos y a la misma Ley de Hidrocarburos para evitar futuras demandas.

La traba se da porque no se aplica el actual contrato de prestación de servicios, sino uno diferente que la actual ley no lo permite. Por ejemplo, el anterior establece un reembolso de lo gastado, el nuevo fija una tarifa de pago.

Sánchez sostiene que la demora en cerrar el contrato no es por miedo a tomar decisiones, sino a prudencia para asegurarse en el tipo de convenio que regirá por 30 años.

En Ecuador
El presidente Rafael Correa dijo el sábado pasado en su enlace radial que, a diferencia de otras petroleras privadas con las que se renegocian contratos, las cuales redujeron su producción pese a que el Gobierno les advirtió no hacerlo, Petrobras la subió en el 12%. “Han cumplido”.

En Brasil
“Si hubiera un acuerdo, excelente. Si no hubiera, Petrobras va a buscar otro camino y Ecuador va a encontrar otros socios”, señaló el 7 de octubre pasado el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Cifras

19,5
Por ciento. Esta participación es la que Petrobras pide que se le impute, del actual reparto, al pago de la Ley 42.

14
Años.  En el 2022  terminará de regir el contrato que mantiene la brasileña en el bloque 18. Este produce 2.000 barriles diarios.

874,9
Millones. Las reservas del campo petrolero Palo Azul alcanzan esta cantidad de barriles. Su producción actual es de 30 mil barriles diarios.