La mayoría de atracos no se castiga porque los afectados no denuncian.

Jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 17 y 25 años, son parte de una organización delictiva que se reúne a diario en distintos sectores de la ciudadela Santa Clara, al este de Manta, para planificar los asaltos a buses que circulan por esta ciudad.

Los vecinos de la zona reconocen incluso a algunos de sus integrantes. Una moradora, quien prefirió mantener su nombre en reserva, cuenta que el tercer delincuente que resultó herido el 3 de octubre pasado, después que un pasajero mató a dos asaltantes que robaron en un bus de la coop. Costa Azul, es parte de esa banda.

“Llegan chicos de todas partes, en bicicletas y se reparten las zonas a partir del mediodía y después al anochecer se vuelven a reunir a repartir lo robado”, cuenta la moradora, quien trabaja en la ciudadela Santa Clara, considerada como zona roja por la Policía.

Los nombres de los presuntos asaltantes de buses se divulgan como un secreto a voces entre los habitantes de este sector mantense. Incluso dos de los asesinados por el pasajero, identificados como Alfredo Ubaldo Pacheco Orve (19) y Jorge Alfredo Vera Hernández (20), al igual que Eduardo Navarrete Delgado, otro supuesto asaltante de buses detenido el martes, viven en Santa Clara.

Navarrete está en prisión porque supuestamente apuñaló a la estudiante universitaria Pamela Álava Bravo, pues se resistió al robo suscitado el martes pasado en un bus de la cooperativa Costa Azul, que cubría la ruta desde el sector de Monterrey hasta la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.

Dioselina Bravo, madre de la víctima, denunció el hecho, ante lo que el fiscal César Ponce determinó que existían pruebas suficientes para mantener a Navarrete tras las rejas.

“Los asaltos en los buses son cosas de todos los días. Mi hija se debate entre la vida y la muerte porque evitó que le robaran el celular”, manifiesta la progenitora.
Este delito se incrementó desde que la Federación de Transportistas Urbanos de Manta (Fetum) suspendió la contratación de guardias privados, quienes se turnaban para garantizar la seguridad en las rutas urbanas del cantón.

Nel Párraga, presidente de la Fetum, admite que la situación es crítica. Dice que no hay fondos económicos para volver a contratar a los guardias.

El problema empeora debido a que la mayoría de los afectados no denuncian los casos ante la Policía Judicial o Fiscalía.

A Ligia Vera, por ejemplo, le robaron una cámara fotográfica en un bus de la cooperativa CTM, cuando iba por el tramo desde el redondel de Colorado hacia la terminal terrestre del cantón, en agosto pasado.

En este caso tres antisociales se levantaron y solo le robaron a ella y a otro pasajero más.

“Nada pudimos hacer. Era de noche y se bajaron en una zona despoblada”, dice la afectada.

El comandante de la Policía de Manta, Pedro Cozar, afirmó en medios locales que el problema de la inseguridad se torna difícil de afrontar debido a que la mayoría de los afectados no denuncian los hechos.

Además recalcó que en Manta faltan unos 220 policías más para reforzar la seguridad en las rutas urbanas. Los afectados cuentan que por lo general los delincuentes roban con el rostro al descubierto.

Nel Párraga presidente de la FETUM
“No tenemos dinero para volver a contratar a guardias privados, que antes
daban seguridad en el interior de los buses de servicio urbano”.

Diocelina Bravo
Madre de víctima
“Mi hija se encuentra en estado crítico porque no se dejó robar el celular en un bus urbano.

Ojalá que este delito no quede impune y que se haga justicia”.