En las dos bodegas del Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Consep) se almacenan unas tres toneladas y media de drogas que fueron incautadas en  3.000 casos de tráfico de estupefacientes, que oscilan desde 1991 hasta la actualidad.

Esta situación, según Domingo Paredes, director ejecutivo del Consep, ocasiona al Estado ecuatoriano un gasto de aproximadamente dos millones de dólares anuales, dependiendo de las incautaciones que se ejecuten en el año por tráfico.

Al perjuicio económico –dijo Paredes– se suman los gastos que generó el sistema de seguridad implementado a principios de año en el edificio del Consep, ubicado en las avenidas Circunvalación norte y la Quinta, en Urdesa central.

También se invirtió 2.125 dólares en el año para la guardianía privada del edificio que funciona en Guayaquil

Asimismo se contrataron celadores para custodiar los 364 bienes inmuebles y los enseres incautados en el país.

La vigilancia, según lo establece la ley, se realiza hasta que los tribunales emitan las sentencias correspondientes.

Tras la resolución, los bienes  pasan a ser administrados por el Estado si se declara culpable al propietario, o en su defecto  le son devueltos si este no es condenado.

Las sentencias son obtenidas en unos 10 años promedio, contó el funcionario, por lo que el Estado desembolsa dinero  por la falta de celeridad en los juicios por tráfico de droga.

El depositario del Consep, Miguel Alcívar Avilés, indicó que, según el reglamento interno, dentro de los quince días de iniciada la instrucción fiscal el juez debe  ordenar la destrucción de la droga incautada, pues así lo estipula el artículo 121 de la Ley de Drogas.

Sin embargo, dijo, muchas veces los jueces no emiten la orden porque pierden competencia al remitirlos a los tribunales penales. “La conservación de la droga es perjudicial porque afecta el medio ambiente, el calor evapora la sustancia y emana químicos al ambiente”, explicó el depositario.

Alcívar aclaró que la destrucción del alcaloide  se realiza en dos hornos que fueron donados por la embajada del Japón. Cuando se trata de cantidades grandes se usa el de la compañía cementera Holcim.

En esta diligencia intervienen  el juez, el delegado del Secretario Ejecutivo del Consep y el secretario del Juzgado.