La crisis alimentaria  incide en los índices de pobreza. Unas 923 millones de personas viven en condiciones de inseguridad alimentaria en el mundo, según el oficial de la FAO. En la nueva Constitución se aborda este tema.

Una de las primeras leyes que tendrá que desarrollar la futura Comisión Legislativa o  Congresillo, según las disposiciones transitorias de la nueva    Constitución, es el régimen de Soberanía Alimentaria (derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, así como quién lo produce), enunciado en el capítulo 3 del Régimen de Desarrollo.  Para ello, el organismo  cuenta con 120 días desde la entrada en vigencia del texto constitucional.

 Juan Izquierdo, coordinador del Grupo de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quien vino al país invitado por el grupo RedBio de la Universidad San Francisco de Quito para dictar una conferencia, dice que hay que dejar atrás los radicalismos y aprovechar la biotecnología como una herramienta de lucha contra el hambre en América Latina.

El artículo 281 del capítulo tercero del Régimen de Desarrollo señala que  “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”.

¿Cuál es el alcance de la crisis alimentaria?
Es una crisis de carácter mundial que afecta a los sectores más pobres y específicamente a América Latina.

¿Por qué?
El aumento de los precios de los productos básicos ha sido significativo desde el 2006  y las tendencias indican que no van a bajar.

Pero han bajado las últimas semanas...
Son bajas parciales que, sin embargo, mantienen niveles de hasta el 130%  y 140% por encima de los niveles de precios del 2006. En el caso del arroz, por ejemplo, el alza es del 133% y todo indica que es una crisis que no tiene retorno.

¿Es el cuarto de hora de los productores campesinos?
No, dado que los insumos han subido por dos razones fundamentales: el alza de los combustibles y el mayor costo de producción que impacta a su vez en el precio de las semillas. Además, el sector que más se resiente es el de bajos ingresos, que dedica cerca del 50% de estos a la compra de alimentos.

Tanto es así, que el Banco Mundial, la Cepal, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FAO dicen que esta crisis ha contribuido al aumento de la pobreza,  de la inseguridad alimentaria y  de la inseguridad de la soberanía alimentaria de los países.

¿Cómo se refleja esta crisis global en las cifras de la pobreza?
Aproximadamente 923 millones de seres humanos hoy por hoy viven en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria en el mundo, y en América Latina, que habíamos bajado a 51 millones, la crisis significa 15 millones adicionales de personas en condiciones de hambre. Todo lo que se había ganado en los últimos 15 años se acaba de perder en los últimos 18 meses.

¿Qué activó la crisis?
Son varias causas, pero hay un gran porcentaje de la crisis causada por un factor de especulación financiera de los alimentos. Hay compras a futuro de café, de cereales, de arroz, etcétera y son especulativas.
También por sequías prolongadas en Australia y Canadá que han afectado negativamente los  stocks y dificultades climatológicas; específicamente en Ecuador, inviernos muy largos que están afectando la producción.

¿Estados Unidos y la Unión Europea subsidian a sus agricultores y América Latina sufre las consecuencias?
América Latina también da subsidios. Brasil subsidia combustible, Argentina subsidia fertilizante, Uruguay subsidia precios...

Entonces, ¿lo que se vive ahora en las bolsas pasó antes con la agricultura?
No soy economista y no voy a entrar a especular, pero hay factores de manejo inescrupuloso y corrupción acompañando estos procesos; hay  stockeo  (manipulación de inventarios) y otros factores que inciden en una percepción a la alza, entonces el pánico cunde y la crisis se agrava.

Por primera vez en Ecuador el tema de la “soberanía alimentaria” fue incluido como texto  constitucional. ¿Qué beneficios representa?
El derecho a la alimentación es un derecho tan importante como el derecho a la vida, a tener hábeas corpus, a que un niño tenga educación... Ahora bien, cuando aparece una crisis con precios internacionales la capacidad de importar se reduce porque los precios suben y por lo tanto el país se resiente en su soberanía alimentaria, por una incapacidad de generar los  stocks  que requiere.  Impulsar la agricultura familiar es un objetivo que va más allá de cualquier plan político, eso debería ser política de Estado.

La agricultura comercial se rige por las normas del mercado, en cambio la pequeña agricultura, que es clave para autosuficiencia alimentaria,  tenemos que protegerla; no los llamemos subsidios, pueden ser leyes de incentivos, de transferencias de tecnología,  y cada país debe adoptar en forma soberana la mejor combinación posible.

Por ejemplo, dotarlos de buena semilla, acceder a nuevas tecnologías validadas, a educación nutricional. Muchas veces se impulsa a  los agricultores a producir algo que no saben consumir, es el caso de las hortalizas.

¿Sabe de algún otro país que haya incluido este tema en su Constitución?
Como soberanía no, pero como leyes de seguridad alimentaria, varios países: Argentina, Uruguay y Costa Rica, tienen incorporado el concepto de seguridad alimentaria en sus legislaciones.

¿Es posible lograr la autosuficiencia alimentaria en un mundo globalizado?
Es importante que los países tengan un margen de seguridad. En ese sentido la intensificación sostenible de la producción es una alternativa para que la agricultura familiar sea menos dependiente de estas variaciones y más resilente (resistente) frente a las crisis.
 La idea es intensificar lo que tenemos y evitar ampliar la frontera agrícola que tendría impactos sobre la deforestación, la destrucción de la selva y la biodiversidad.

Usted dictó en nuestro país una conferencia que la denominó ‘Crisis alimentaria y biotecnología’. ¿Qué rol juega la biotecnología en esto?
Cuando es utilizada en forma segura y sostenible, la biotecnología  es una herramienta muy valiosa para la  mayor productividad de alimentos y existen herramientas de bioseguridad para evaluar si son adecuadas. 
La biotecnología no es una ciencia. Es un conjunto de tecnologías y ciencias que incluye algunas que no requieren bioseguridad (como la micropropagación, mejoramiento genético) y otras que sí requieren evaluación de bioseguridad como son los Organismos Modificados Genéticamente (OGM), en los que se trabaja caso por caso.

Hay numerosos ejemplos a favor de la biotecnología cuando se aplica para generar resistencia a enfermedades, a la sequía, a la salinidad, para mejorar el valor nutricional de los alimentos, etcétera.

Hoy por hoy todos los Organismos Modificados Genéticamente  que se han liberado en el mundo, que ya tienen 14 años de liberación comercial, han sido evaluados y no tienen riesgo para la salud humana y, cuando son bien utilizados, no tienen ningún impacto en la bioseguridad porque se liberan en zonas donde no hay riesgo para la biodiversidad.

¿Quién debe regular el tema de la bioseguridad?
Eso requiere tener una capacidad nacional de análisis, fortalecer las instituciones de regulación e implementar normativas que permitan regular esa liberación.

Hoy en el mundo hay 23 países en los cuales hay 114 millones de hectáreas de cultivos modificados genéticamente (transgénicos es un mal término, aclara). De ellos, doce están en el mundo en desarrollo y ocho están en América Latina: México, Honduras, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, tienen legislaciones, normas y comisiones de bioseguridad.

La FAO ha colaborado con el desarrollo de normativas y leyes de bioseguridad en Paraguay y Bolivia, estamos en Nicaragua y pronto en República Dominicana y Perú.

Hay demandas concretas de los gobiernos a la FAO para colaborar en el desarrollo de la implementación de aspectos legales y operativos de bioseguridad.

¿Qué función tiene la investigación científica en la soberanía alimentaria?
Es uno de los motores y si vamos a entrar a prohibir la investigación ahí sí el país puede detenerse.

Juan Izquierdo F.
NACIONALIDAD
Uruguaya
CARGO
Oficial Principal de Producción Vegetal y Coordinador del Grupo de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Da asistencia técnica a los países de la región.
ESTUDIOS
Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía, Universidad del Uruguay, 1972; M.Sc. en Horticultura, Universidad del Estado de Nuevo México, Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos, 1975; Ph.D. en Fisiología de Cultivos, Universidad del Estado de Michigan, East Landsing, Michigan, Estados Unidos, 1981.