En las comunidades, la historia que se cuenta es otra. Karen Chávez, dirigente de Playas de Cuyabeno, asegura que la actividad sí traerá repercusiones ambientales en los ríos Aguarico y Zábalo.

También dice que la petrolera no ha cumplido con el actual requisito constitucional de la consulta previa e informada.

Chávez denuncia  que se ha divido a la comunidad kichwa de Playas de Cuyabeno y producto de ello surge la de Santa Elena, con quienes la petrolera ha llegado a un acuerdo.

“Benjamín Cobo, Guillermo, Camilo y Marlon Vásquez son de nuestra comunidad y han negociado aparte, dicen que están cobrando 30 o 40 dólares por hectárea”, dijo Chávez.

La gobernadora de Sucumbíos, Nancy Morocho, sostiene que la comunidad de Santa Elena es la directamente afectada y, por ello, el gobierno trabaja con esta en proyectos de reactivación social y económica.

Ella reconoce que “faltaba socialización con las comunidades”; pero asegura que los manifestantes habrían pedido un millón de dólares.

Los  cofanes dijeron, en cambio, que no quieren llegar a acuerdos, sino que no haya actividad extractiva.