El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsa un polémico proyecto de Ley de Vivienda Digna que causa temores en el sector privado, que favorecería a 40.000 familias pobres y facultará al gobierno para adquirir tierras mediante compras, canjes, declaratorias de utilidad pública, expropiaciones, embargos o cesión por deudas.

La iniciativa, que se encuentra en estudio en el Parlamento, es una de las prioridades del gobernante Frente Sandinista (izquierda) para resolver el déficit de 420.000 viviendas en el país, según el texto del proyecto.

 El borrador establece que si el gobierno no logra un acuerdo razonable de pago con el propietario de un inmueble o lote sujeto a ser declarado de utilidad pública, “se procederá al juicio de expropiación”.

En tanto, la Fiscalía de Nicaragua allanó ayer las oficinas del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro, por supuestas actividades ilícitas con fondos de la cooperación internacional.

Carlos Chamorro es un disidente sandinista y crítico del gobierno de Daniel Ortega