Es la falta de cultura tributaria y el desconocimiento de la ley lo que lleva a la gente a confiar su dinero en instituciones no autorizadas, dice la subdirectora de lavado de activos de la Superintendencia de Bancos, María Mercedes de la Torre.

¿Qué pasos ha dado la Superintendencia para evitar que las captadoras ilegales de dinero actúen en el país?
Hay dos cosas diferentes. Una es la captación ilegal de dinero fuera de la normativa. Ahí intervenimos cuando hemos recibido denuncias. Lo otro es la situación del lavado de activos. Ahí nosotros, de acuerdo con la ley, tenemos el control del sistema financiero y de seguros que está bajo la supervisión de la Superintendencia. Si se trata  de otras empresas, actuamos si hay una denuncia. Si es lavado, cualquier ciudadano puede denunciar incluso en la Policía y Fiscalía. La Superintendencia de Bancos actúa solo en el ámbito de la ley.

¿Y cuál es ese ámbito?
Actuamos si hay denuncias firmadas o por información de los medios de comunicación. El otro deber es ejercer una supervisión sobre los controles internos que deben llevar las entidades reconocidas, para evitar el lavado.

Y en el caso de Interfeder, ¿cómo se actuó?
Se había montado un operativo con las investigaciones de la Policía y un día antes del allanamiento habíamos recibido una denuncia. Estamos a la espera del Ministerio Fiscal para colaborar.

¿Cómo se explica que en Quito y especialmente en Nueva Loja intervenían comerciantes, policías y militares, a la vista de todos?
Una explicación legal a eso es poco difícil encontrarla. Quizás se puede buscar por la parte lógica, como una falta de cultura financiera, un desconocimiento de la ley –que no exime de culpa–. La Superintendencia tiene en su página web el listado de las entidades autorizadas para captar dinero.

Pero a la gente no le interesa eso sino ganar dinero, ¿qué hacer para evitar estafas?
Justamente vamos por la cultura; los ecuatorianos nos olvidamos muy pronto de los problemas que se han dado con lo del notario José Cabrera. La gente sigue confiando en esta gente que no brinda ningún tipo de garantía. Y mucho más lamentable es que estas personas digan que se sentían afectadas por la intervención. Pero si hubieran perdido el dinero la posición habría sido contraria. Es un problema de cultura, es palo porque bogas y palo porque no bogas.

Estas personas van hasta contra las autoridades y ahora van a cobrar en Colombia, ¿qué le parece?
Desconozco eso, pero si salen del territorio nacional obviamente nosotros no podemos hacer nada.

¿Se podría advertir, pedir control de gobierno a gobierno, para evitar que ecuatorianos salgan perjudicados?
No soy la persona indicada para hacer comentario de esto.