Ciudadanos ecuatorianos participan de un negocio de captación de dinero por  empresas de origen colombiano que pagan réditos del 70% al  120% del monto invertido en 35 días. Una captadora empezó a funcionar en Ecuador y fue cerrada. Las autoridades financieras sospechan que habría lavado de activos.

La Hormiga es un municipio colombiano que no tiene más de 4.000 habitantes en su casco urbano. Es en estos días para cientos de ecuatorianos un santuario donde pueden hacer que se multiplique fácilmente su dinero. Hasta aquí llegan decenas de automotores con placas de diversas provincias ecuatorianas. Algunos ocupantes traen dólares para hacer que se reproduzcan; otros vienen con unos recibos que se transforman en billetes. Se vive una época semejante a la que sucedió en Machala, en el suroeste ecuatoriano, donde el notario José Cabrera captaba dinero y pagaba altos intereses, entre 1990 y el 2005.

Pero La Hormiga es una zona de riesgo. Hasta hace menos de tres años estaba bajo dominio de la guerrilla de las FARC, que peleaba a muerte su dominio con militares y paramilitares. El año pasado, el Ejército de ese país halló fosas comunes con decenas de cadáveres, entre estos, de algunos ecuatorianos.

Esta región era conocida  hace poco como República de la Coca, porque era el centro de producción y comercio de la droga. Hace catorce meses  el Ejército colombiano reportó el decomiso de unos 6 mil millones de pesos (3 millones de dólares) ocultos en diez bultos que llevaba una camioneta por las calles de la población, ubicada a una hora del  río San Miguel, que separa a Sucumbíos (Ecuador) de Putumayo (Colombia).

Hoy, en el centro del poblado, a orillas de la avenida principal y frente a un cuartel militar, en  una casa de una planta funciona Proyecciones DRFE, una captadora de dinero que paga entre el 70% y  120% del capital invertido por un lapso de 35 días, dependiendo de la época.

El negocio funciona sin restricciones. Desde la madrugada hacen cola cientos de personas, de lunes a sábado. Hacia un lado están los ciudadanos colombianos y hacia el otro, los ecuatorianos, que empezaron a llegar en masa desde esta semana, luego de que la Fiscalía dispusiera el allanamiento y cierre de la financiera Interfeder, subsidiaria en Ecuador de DRFE, que funcionaba en Quito y Nueva Loja y captaba ilícitamente alrededor de 10 millones de dólares al mes, según investigaciones fiscales.

“Dicen que la plata la invierten en la Bolsa de Valores y por eso pagan alto interés. Esta (DRFE) sí cumple. Han existido algunas que han venido y se han levantado con la platica”, señala un ciudadano colombiano que solo da su apellido: Acosta. Otro hombre, en voz baja, dice que lo que estas hacen es legalizar el dinero de la droga.

DRFE tiene su sede principal en Pasto. Es una de las casi media docena de captadoras que funcionan en el sur colombiano fronterizo con Ecuador, especialmente en La Hormiga, Ipiales, Pasto, Túquerrez. Como entre sus clientes aparecían decenas de ecuatorianos, los socios de DRFE decidieron abrir sucursales en Quito y Nueva Loja. Formaron la compañía de responsabilidad casa de valores y proyecciones Interfeder S.A., inscrita en la Notaría 31ª de Quito, el 10 de junio del 2008.

Sus socios, según la escritura que reposa en la Fiscalía 2ª de Sucumbíos que adelanta una instrucción fiscal por presunto lavado de activos,  son los colombianos Estewar Domínguez Martínez, Efraín Domínguez Domínguez y Santiago Domínguez Martínez.

Durante junio y hasta el 23 de septiembre, Interfeder captaba ilegalmente (según la Ley de Régimen Financiero solo pueden hacerlo las instituciones autorizadas por la Superintendencia de Bancos) alrededor de 10 millones de dólares mensuales en Quito y Nueva Loja.

Cientos de personas de diversas  ciudades dejaban su dinero y cobraban en promedio el 80% de interés cada 35 días. Aquello hasta que la Fiscalía dispuso, el 24 de septiembre, su allanamiento. En el operativo  la Policía detuvo a 28 personas, cinco de ellas colombianas.
Seis  presos eran de Nueva Loja, pero a la fecha todos han sido liberados.

Además se incautaron 215.301 dólares y 405.500 pesos colombianos (185 mil dólares) en Quito. En Nueva Loja se decomisaron 76.111 dólares. Dos procesos por presunto lavado de activos hay en ambas ciudades.

Los ahorristas no se consideran perjudicados por Interfeder. Al contrario, reclaman por su cierre y en Nueva Loja hasta organizan marchas de respaldo a la financiera. En esa ciudad hay un comité formado por doce personas que desde el lunes pasado recoge los documentos (copias de cédula y recibo entregado por la captadora) con los que elabora listas diarias de un promedio de 200 personas, quienes deben acudir a La Hormiga a cobrar sus acreencias.

“La empresa nos estaba cumpliendo. Las autoridades más bien nos hicieron un daño al cerrar”, afirma un comerciante que tiene una casa de dos pisos en el centro de Nueva Loja.

Comerciantes, transportistas y hasta policías y militares eran los clientes, según testimonios de algunos participantes. En estos días  el comité de clientes recibe la documentación en una vivienda ubicada en la salida de Nueva Loja a Quito. Ellos critican a las autoridades judiciales y, el pasado martes, maltrataron a un fotógrafo de este Diario, por  realizar tomas del listado pegado en la parte externa del local. “No queremos que nadie se meta”, gritaban.

El fiscal segundo de Sucumbíos, Wirmar Gonzabay, dice que no puede referirse al proceso que adelanta en su despacho contra los socios de Interfeder, por lavado de activos. Pero sí aclara: “Nadie se siente perjudicado por esa empresa. Más bien la gente está molesta con el Ministerio Público por haberse inmiscuido en el negocio”.

Al solicitarle que proporcione datos sobre el proceso, Gonzabay señaló, la tarde del martes pasado, que no tenía los documentos en su poder.
Al siguiente día recién permitió obtener datos sobre los involucrados en  la instrucción fiscal, contenida en tres cuerpos (300 hojas), y que se sustancia en el Juzgado 3º de lo Penal de Nueva Loja. 

El ministro fiscal distrital de Sucumbíos y superior de Gonzabay, Nelson Guamán, afirma que él no conoce el caso y más bien lo maneja la Fiscalía General. “Los clientes han hecho marchas, hasta han venido a mi despacho para solidarizarse con la empresa cerrada; yo solo les he escuchado”.

Pero el “afán de ganar dinero fácil”, como califica otro funcionario de la Fiscalía, hace que cientos de personas crucen a diario la frontera y acudan a las captadoras colombianas. “Es una buena inversión; ojalá no cierren”, dice una mujer de 25 años, de Lago Agrio, que intenta depositar en La Hormiga.

Allí, al entregar la plata, al ahorrista le dan un recibo con una firma y huella dactilar, que señala el nombre, la tasa de interés y la fecha de depósito y retiro.

En el local no hay acceso libre. “El jefe de la agencia no puede atender porque está demasiado ocupado”, dice uno de los dos guardias de seguridad que, armados con pistolas, solicitan los documentos personales y hacen un cacheo a las personas que ingresan a depositar o retirar su dinero cuando les llaman por el nombre, según el turno.

Lo mismo sucede en Ipiales. Cientos de tulcaneños, ibarreños y de otras ciudades del interior del Ecuador acuden a las captadoras que operan en esta ciudad. Una funciona desde hace cuatro años; otra desde hace uno y al menos tres abrieron este año, pero recibieron depósitos y cerraron. Informes de autoridades colombianas estiman que unos 15.000 ciudadanos, entre ellos ecuatorianos, resultaron perjudicados por estas empresas. Pese a todo, en la frontera hay una frase común: “Si no se arriesga, no se gana”.

Ley de Inst. Financieras
El artículo 221  señala como delito la captación de dinero en forma ilegal sin permiso de la Superintendencia de Bancos. El artículo 563 del Código de Procedimiento Penal lo sanciona con prisión de seis meses a cinco años y multa de $ 8 a $ 156.

Ley de lavado de activos
Castiga a quien maneja dinero o bienes del narcotráfico. Hay penas de uno a cinco años de prisión cuando la cantidad supere los $ 5 mil y no exceda de los $ 50 mil. Se aplica reclusión de tres a seis años cuando la cifra supere los 50 mil y no pase los $ 300 mil. Si rebasa esa cifra la reclusión es de seis a nueve años.