El decreto para regularizar el sector que alista el régimen causa expectativa en predios irregulares.

El anunciado decreto para regularizar las camaroneras del país es visto como una oportunidad de formalizarse entre ciertos empresarios acuícolas y como una amenaza por organizaciones que defienden el ecosistema manglar.

El tema, según César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), fue solicitado al Gobierno por el sector privado en el 2007, pues es consciente de que gran cantidad de camaroneras pequeñas y medianas llevan años operando sin tener todos los documentos en regla.

Precisamente, el decreto por expedirse apuntará a quienes desarrollan la actividad sin permiso o sin pagar al Estado por el uso de terrenos, pero también a aquellos que teniendo una concesión se extendieron de la superficie inicial ilegalmente y afectaron el manglar.

Una comisión interinstitucional, integrada por los ministerios de Agricultura, del Ambiente, el coordinador de la Producción, la Dirección General de la Marina Mercante (Digmer), la Subsecretaría de Acuacultura,  el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), entre otros entes, se encargará de ejecutar la regularización.

Entre las sanciones por imponer están: pagar los valores adeudados por ocupar zonas de playas y bahías y cumplir con una reforestación del manglar. Lo que no está claro es si habrá medidas como no dar concesiones a ciertos predios irregulares o no renovar algunas vigentes.

“Si hay que hacer alguna observación o alcance, este Gobierno es de diálogo”, afirmó el ministro de Agricultura, Walter Poveda, el miércoles pasado.

Confiados en que continuarán su actividad tras la regularización, 74 pequeños acuicultores de la Asociación de Productores Camaroneros Fronterizos (Asocam) se afiliaron hace cuatro meses a la CNA. Su labor se desarrolla en la comunidad de Hualtaco, en Huaquillas (El Oro), pero son catalogados como irregulares.

Wilson Alcívar, presidente de la Asocam, explica que en el grupo están jubilados y personas que laboraban como comerciantes, cambistas y policías que hace diez años compraron predios. “Del total, el 10% tiene concesión, pero el 90% solo un derecho de posesión de esas tierras”, dice.

Esto, explica, porque hubo casos como que un dueño vendió a diez o más personas. “No sabíamos que estaba prohibido y que primero ese propietario debía devolver la concesión al Estado para que este venda a los interesados y vea si da o no el permiso. Fue por desconocimiento del trámite”, añade.

Según un estudio del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen), efectuado en el 2006 (el anterior fue en 1999), en Ecuador hay 175.748,55 hectáreas de camaroneras y 148.230,23 de manglar. En siete años, señala, El Oro registró una disminución del 14,5% del manglar (2.753 hectáreas menos).

Para Fundecol, parte de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-Condem), la regularización será un “perdón y olvido” a quienes ilegalmente levantaron camaroneras y afectaron el recurso. Por eso pide al Gobierno revisar el tema y los derechos de los pueblos que dependen del manglar.

DETALLES: Reportes del sector

Situación
Según la Digmer, 44.600 hectáreas de camaroneras son irregulares; mientras que Manfred Altamirano, subsecretario de Gestión Ambiental Costera (Ministerio del Ambiente), señala que hay 48 juicios administrativos por tala o afectación del manglar.

Concesiones
Datos dispersos sobre el sector acuícola revelan que 75.000 hectáreas tienen escrituras del INDA y otras 55.000 tienen concesiones.