Después de la marejada electoral hay que sentarse a pensar en el país (sentarse es un decir porque se puede pensar en cualquier postura), en un país como el nuestro que requiere ideas y ejecutividad pero que vive con inquietudes permanentes –salvo pequeños intervalos– desde 1830.

Lo que ocurre es que no hay cultura política para generar un pensamiento político, y las visiones de un nuevo país se limitan a aspectos legalistas o inmediatistas, relacionados con los intereses que a menudo se esconden detrás de cada cosa y sector.

No obstante que vencedores y vencidos en la lid electoral deberían aprovechar la coyuntura para llegar a un gran Pacto Social (con mayúsculas), las altas jerarquías políticas no tienen la sapiencia ni la visión –no sé si la capacidad– de elaborar una agenda –aunque sea corta– donde se describan los puntos que faciliten un diálogo plural para sacar la cabeza fuera de este sistema en crisis, pues confían irresponsablemente en que el Ecuador no se hundirá, en ningún caso, debido a su comprobada vocación de supervivencia.

Hay muchas fallas que se pueden corregir con poco esfuerzo, como acortar –a través de acciones inteligentes y sinceras– el vacío que separa a la acción social del capital (más por estereotipos que por otra cosa) o desentrabar a partidos políticos chatos que prefieren tener cautiva a la educación en vez de impulsarla como fuente irreemplazable del desarrollo nacional.

Si no hay un Pacto Social (otra vez las mayúsculas con el agregado de “y político”) no habrá cambios de fondo ni un desarrollo humano sostenible que vaya más allá del pensamiento escolástico que supone que todo cambia si cambia la ley, y por consiguiente como cambió la Constitución cambió también el ejercicio diario de la vida con sus alegrías y dolores.

El primer deber de Rafael Correa será aplicar correctamente la Constitución para que el pueblo también obedezca, a pesar de que más de una tercera parte del país no se siente identificado con ella, porque si la ciudadanía no se apropia de sus normas tendremos que comenzar –recién terminada una– otra refundación de la república (ya no sé por cuál número vamos), demandando una nueva Constituyente que contenga nuevas reformas o que reforme las reformas.

La gente debe tener claro, para que la paz social no se perturbe sin motivo, que hay normas de aplicación inmediata y otras que no lo son, especialmente las de orden económico, porque se trata de un proceso que tiene ritmos y pausas, fuera del control de los actores políticos, lo que no impide señalar la irresponsabilidad de la Asamblea al desparramar gratuidades y fondos por todos lados, errores que –más temprano que tarde– traerán problemas serios al Gobierno. ¿De dónde provendrá el dinero ahora que hay una crisis mundial y que baja el precio del petróleo y que las remesas de los emigrantes se reducen y que, seguramente, hasta disminuirá el volumen y el valor de las compras que nos hacen los ricos del norte? Ya oyeron que solo la Universidad Central reclama 25 millones de dólares hasta fin de año, que el conjunto de universidades públicas costaría más de 120 millones anuales y los notarios 46. Y recién comenzamos.

El Pacto Social y político es imprescindible si se piensa y actúa con sensatez.