Autoridad Portuaria de Manta (APM) rechazó el pedido de cambios al contrato de concesión hecho por la concesionaria  Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE), al argumentar que  afectan los intereses del Estado. La decisión no implicará la suspensión de las obras, según los directivos de la APM.

Admite un retraso en la ejecución de los primeros trabajos establecidos en el contrato y que debían iniciarse en mayo. Incluso observa incumplimiento de metas, debido a que en lo que va del año la concesionaria ha movilizado unos 3 mil contenedores cuando el objetivo era que a fines del segundo año de concesión que transcurre el movimiento de esa carga sea de unos 60 mil.

El incumplimiento de esta meta implicará la apertura de un cuarto expediente sancionador a inicios del próximo año, cuando se confirme que el número de contenedores movilizados no alcanzó lo previsto.

La presidenta de la APM, Lucia Fernández, afirma que el contrato de concesión ofrece las garantías jurídicas para que  TIDE ejecute su inversión.

Recalcó que las divergencias entre las partes no implicarán la rescisión del contrato  firmado en noviembre del 2006.

“Debemos velar por los intereses del Estado. La APM no tiene la obligación de acoger las modificaciones en 41 de las cláusulas del contrato planteadas por la concesionaria, pero el proyecto se mantiene, aunque sabemos que el camino es duro porque falta posicionar a Manta en el mercado internacional de carga”, dijo la funcionaria.

Ella se reúne hoy con el gerente de TIDE, Paúl Gallie, para comunicarle el rechazo de la solicitud, pedir explicaciones sobre los retrasos en las obras y la falta de entrega del 5% de las acciones de la sociedad a la APM. Espera que responda sobre la nueva fecha cuando se iniciarán los trabajos.

Aunque sí se tramitan cinco “modificaciones de forma”, analizadas antes de ese pedido. Esos cambios buscan hacer correcciones en la enumeración de  las cláusulas del contrato y reducen el plazo a quince días para la entrega de las pólizas de seguros (en el contrato es de 90 días), entre otros.

En una carta, Gallie justifica que las modificaciones planteadas buscan un “escenario justo tanto para el Estado como para la Sociedad Concesionaria”. Incluso en el documento establece que algunas de la cláusulas del contrato vigente son “de difícil adecuación a las prácticas del negocio portuario por contener interpretaciones ambiguas, así como de excesivo control que a más de ser innecesario, vuelve poco flexible el desarrollo de la concesión”.

También se deja en claro el descontento de TIDE en torno a la gestión de control que está a cargo de la APM.  Se detalla que el mecanismo aplicado “consume tiempo y recursos”.

PLANTEAMIENTOS: Partes involucradas

Cambios de forma
La sociedad concesionaria tiene sesenta días para pronunciarse sobre las cinco modificaciones de forma que la Autoridad Portuaria  planea realizar al contrato. Luego se requiere la venia de los organismos de control.

Modificaciones rechazadas
Los cambios planteados por TIDE, que fueron  rechazados,  incluyen que algunos de los bienes que se adquieren durante la ejecución del proyecto y la explotación de las instalaciones no sean revertidos al Estado cuando culmine la concesión, dentro de   30 años.