La SIP concluye que libertad de prensa peligra en Ecuador

El organismo considera que la nueva Carta Política del país contiene “normas peligrosas”.

La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió ayer pedir a Alianza PAIS que en las nuevas leyes que se expidan en la comisión legislativa para viabilizar los contenidos de la Constitución “prevalezca sin límite alguno el respeto irrestricto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de la libertad de acceso a la información pública”.

El organismo que clausuró su cónclave en Madrid considera que la Carta Política contiene “normas potencialmente muy peligrosas”.

En el documento de resoluciones que aprobaron sus miembros se pone el acento en dos artículos inquietantes desde su punto de vista: “la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación” y “el Estado formulará una política pública de comunicación”.

La libertad de expresión corre serio peligro. Este bien a defender en democracia se ve amenazado por el aumento de la violencia física contra periodistas y los atentados contra medios, el deterioro de las relaciones entre gobiernos y prensa, el uso inapropiado de fondos públicos por parte del Estado para presionar y discriminar a los medios de comunicación a través de la publicidad oficial y la aprobación de leyes de acceso a la información pública. Es la conclusión de la SIP tras cinco días de debates.

Ecuador sufre de los cuatro males. Raúl Rodríguez, director de noticias de Radio Sucre, fue asesinado en junio pasado, el presidente Rafael Correa agudizó su “actitud agresiva” contra la prensa; las emisoras y canales incautados han servido para “desmentir a los medios independientes y para difundir excesiva propaganda gubernamental” y a tenor de la nueva Constitución se modificará la ley de libre acceso a la información pública vigente.

La Asamblea de la SIP decidió en su última sesión, una vez aprobados los informes sobre la situación de la libertad de prensa de cada país, demandar del  Ejecutivo ecuatoriano que la fuerza pública y autoridades “garanticen el libre y normal trabajo de la prensa”. Asimismo, solicitó que se aceleren los procedimientos legales para que los medios incautados “regresen al sector privado o a sus legítimos dueños, a través del correspondiente proceso público y transparente”.

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien clausuró el evento, advirtió que “la violencia física y la intimidación personal no son lo único que amordaza la libertad de expresión”, sino también “aquellos preceptos legales o prácticas administrativas, de hecho, que coartan arbitrariamente a periodistas en el ejercicio de su profesión”.

REACCIONES

Venezuela
El ministro para la Comunicación de Venezuela, Andrés Izarra, desestimó ayer las críticas que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la situación de la libertad de expresión en su país y acusó a los  medios privados locales de ser los mayores agresores de ese derecho. Agregó que los representantes venezolanos ante la SIP son  conspiradores permanentes contra la democracia,  responsables de la ejecución sistemática de planes de terrorismo mediático, y de impulsar planes de golpe de Estado y magnicidio. También criticó la participación del rey Juan Carlos en la asamblea  de la SIP.  “Tenga cuidado, rey don Juan Carlos, con quién se retrata usted, con gánsteres de esta calaña”, dijo Izarra al comentar en un programa de la televisora estatal  VTV las primeras páginas de los diarios venezolanos, que ayer mostraron fotos del monarca español junto a dueños de los grandes medios de comunicación privados del país sudamericano.

Bolivia
El Gobierno del presidente Evo Morales minimizó ayer el informe de la SIP. El vocero del Gobierno, Iván Canelas, un ex dirigente de la Federación Latinoamericana de la Prensa (Felap), dijo que el reporte de la SIP “es intrascendente” y en todo el mundo “se conoce la línea política  que  tiene  la SIP”, que no diferencia entre “libertad de prensa y libertad de empresa”.   La SIP señaló que el Gobierno de Morales “ha mantenido una política  de  agresión contra los medios” y que los medios críticos son “descalificados como separatistas (que apoyan los gobiernos autónomos  de cuatro de los nueve departamentos) o amigos del imperio”.  La organización también mencionó que se han producido “niveles altos de agresiones contra periodistas y ataques  contra medios” en Bolivia.

El portavoz presidencial dijo que es cuestionable que la SIP proponga el libre ejercicio del periodismo y se niegue a reconocer beneficios sociales para los trabajadores de la prensa, según el matutino El Deber  de Santa Cruz.