Nunca como en la actualidad ha tenido tanta vigencia la doctrina de los contrapesos del poder. No obstante los años, diríamos los siglos, transcurridos desde que por primera vez fue esbozado el modelo del equilibrio de poderes, y a pesar de las obvias críticas que ha recibido, lo cierto es que las duras experiencias que han atravesado, y siguen sufriendo aún, pueblos enteros bajo sistemas autoritarios y totalitarios confirman la vitalidad de esa matriz ideológica que se fue madurando entre las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa.
Buena parte del debate que hoy tiene en su seno tanto la ciencia política como el derecho constitucional gira precisamente alrededor de ese paradigma; debate que lejos de pretender abandonarlo, lo que busca es precisamente lo contrario: fortalecerlo a través de la identificación de modelos óptimos de pesos y contrapesos para la práctica constitucional.
No obstante la fuerza del caudillismo y populismo en América Latina, en la región han sucedido importantes esfuerzos colectivos, y en casos hasta imaginativos, para darle mayor (no menor) eficacia al modelo de Montesquieu, Locke y Adams. Las reformas constitucionales de Chile, Colombia, Paraguay y Argentina son un claro ejemplo de esta corriente modernizante.
Todas ellas marcan una ruptura entre un antes y un después en materia de contrapesos del poder, y cada una representa un aporte, a su manera y con sus debilidades, a esa empresa generacional que significa la construcción de la inacabable, y siempre perfectible, “catedral gótica” del constitucionalismo.
La nueva Constitución ecuatoriana es una excepción a estos esfuerzos. En materia de control del poder es probablemente donde más claramente el pasado venció al futuro. Lo que Montecristi hizo fue consolidar, constitucionalizar si uno quiere, las viejas prácticas de ese ejercicio casi desbocado del poder que hemos tenido en el Ecuador, más allá de las transitorias ubicaciones de su epicentro.
No hay que irse muy atrás para saber lo que es un ejercicio del poder sin controles. Los pasados dos años han sido como un microcosmo en ese sentido. Desde los vergonzantes “tribunales de bolsillo” (electoral y el constitucional) hasta las declaratorias de emergencias que se renuevan casi automáticamente, los contratos a dedo, la entrega de la administración petrolera a los militares en violación de su propia ley de personal, el encubrimiento de los terroristas de las FARC, la complacencia frente al intervencionismo de Chávez, la persecución a periodistas, la prisión de la prefecta Llori, el abuso de la propaganda oficial, la invocación de la “majestad presidencial” para reprimir la disidencia, y así por el estilo.
Ese patrón de conducta no va a detenerse con la nueva Constitución. Todo lo contrario, adquirirá total legitimidad. Tal es el cuidado que se ha tenido de concentrar el poder que no solamente que se han debilitado los contrapesos institucionales, sino que incluso la propia “sociedad civil” será ahora engullida por el aparato estatal bajo el rótulo de una función de control social cuyos responsables no serán ni elegidos en forma democrática.
Algún día aprenderemos que solo el poder controla al poder.