Los días de luto tras el deceso de Laura Albán Cornejo estuvieron marcados por la confusión. ¿La inyección le ocasionó la muerte?; y de ser así, ¿qué sustancia era?; ¿quién era el médico desconocido?, se decían.

Las incógnitas crecieron en los siguientes siete meses. Hasta que los padres de la fallecida, Bismark y Carmen, acudieron al hospital Metropolitano para exigir la historia clínica, pero les fue imposible conseguirla.

En junio de 1990, los Albán Cornejo acudieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) e informaron las negativas del hospital. Ese ente envió una carta a los médicos y les respondieron que el expediente tenía “carácter de reservado”,  y necesitaban orden judicial para la entrega.

Luego vino el trámite ante un juez civil, que terminó en diciembre de ese año. De esta manera, a los tres años de la muerte de Laura, la familia supo que le aplicaron morfina. ¿Quién?, el expediente estaba firmado por el Dr. N. Espinoza. Hallar su nombre fue otro vía crucis.

Conseguir abogado fue igual de difícil. “Nadie quería enfrentar al afamado hospital”, dicen. Recién en noviembre de 1993 un jurista se animó y denunció ante el Colegio de Médicos de Pichincha, que se pronunció en enero de 1995, y dijo que si bien la morfina era contraindicada, no se podía determinar su grado de toxicidad; y que la posible causa de la muerte era el mal. Los padres no creen eso porque, dicen, su hija “hasta se reía antes de recibir la morfina”.

Así, el 3 de agosto de ese año plantearon la denuncia ante el entonces fiscal general, Fernando Casares, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien “no quiso recibirla”, dicen. Eso consta en la sentencia del CIDH. “Está probado”, revela el documento. Hoy el juez no recuerda  este caso.

Tuvieron que esperar a que Casares salga para que la denuncia sea aceptada. Sucedió el 1 de noviembre de 1996, tras 9 años  del hecho.
El proceso se inició el 10 de enero de 1997 en el Juzgado 5º de lo Penal de Pichincha. Solo con este trámite el hospital informó el nombre del médico que suministró la morfina. Era Fabián Espinoza, quien ya había salido del país.

El 14 de diciembre de 1998 se  dio el sobreseimiento provisional a los médicos. Decisión que fue apelada y recayó en la Sexta Sala de la Corte de Quito, que presidía Pilar Sacoto, hoy  magistrada de la Corte Suprema.

Esa sala estableció, el 13 de diciembre del 99, que el presunto delito del doctor Montenegro había prescrito y que no inyectó la sustancia. De Espinoza, la sala determinó que debía ser extraditado y juzgado. Para eso tenía hasta enero del 2007, diez años después de iniciado el juicio.
El caso regresó al Juzgado 5º y los Albán Cornejo empezaron la búsqueda de Espinoza. En noviembre del 2006, informaron que habían dado con el domicilio del médico prófugo.

El Juez pidió la extradición a la Corte Suprema de Justicia. El 30 de enero, Jaime Velasco, entonces presidente de la entidad, preguntó al Juez en un escrito si la causa no prescribía, pero la respuesta fue contraria.

Estos hechos hicieron que la CIDH sancione al Estado ecuatoriano “por no garantizar los derechos judiciales de los padres de Laura”, pero los médicos no fueron sentenciados.