Al menos nueve posesiones de tierras se han dado en tres provincias del país en dos semanas. Los dirigentes aseguran contar con el apoyo del Gobierno y la Constitución, por eso colocan banderas del movimiento oficialista. Ministros y voceros gubernamentales señalan que no tolerarán estos casos y dispondrán desalojos.

Con el argumento de que la nueva Constitución establece que la tierra debe cumplir una función social y ambiental, cientos de personas han protagonizado nueve invasiones de terrenos privados en tres provincias del país. Cada uno de los grupos afirma ser parte del movimiento oficialista PAIS y coloca cartelones alusivos a esa agrupación con la figura del presidente Rafael Correa, quien ayer dijo que no tolerará esas acciones.

La frontera de la hacienda Cole, en Ronca Tigrillo (Esmeraldas), está marcada por contradicciones.  Junto a un cartel con la imagen del presidente Rafael Correa y con propaganda del movimiento oficialista PAIS está un letrero que dice: “Queremos vivir en paz”. Pero a pocos metros hay un grupo de campesinos que monta guardia y sale a impedir el paso de quien llega.

Es martes 30 de septiembre y en menos de un minuto unas 40 personas rodean a un equipo de este Diario. Algunos, amenazantes, gritan que no desean saber nada de la prensa, ni de nadie. “Somos campesinos pobres que hemos recuperado nuestra tierra. Estamos contra quienes han acaparado terrenos por años. Hoy nos hemos dado cuenta de que esta finca no cumple una función social; de aquí no saldremos”,  advierte un hombre de 45 años, quien al cuarto de hora de diálogo se identifica como Galo Revilla.

Ronca Tigrillo está a dos horas de camino al Este de Quinindé. La hacienda Cole tiene unas 2.000 hectáreas, con pastizales, ganado y rastrojos, cuyas escrituras están a nombre de la empresa Murrín. Esos predios están invadidos desde el 20 de septiembre. Los posesionarios dicen ser 400 familias pobres que se respaldan en la Constitución aprobada el domingo pasado. Argumentan otra razón: “Tenemos un Presidente que nos apoya a los campesinos”.

Esta invasión es una de las al menos nueve que se han registrado en menos de dos semanas en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí. Similares movimientos se estarían alentando –según campesinos y residentes de sectores suburbanos– en otras zonas del país.

Tienen características similares: Sus dirigentes afirman contar con el apoyo del Gobierno y citan que las tierras deben cumplir una función social y ecológica, en alusión a lo que establece la Carta Magna. El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, y autoridades provinciales de Guayas y Manabí han aclarado que el Gobierno no impulsa los planes invasores y hasta han dispuesto tres desalojos.

A los posesionarios les disgusta que se los catalogue de invasores. “Somos pobres que queremos un terreno para trabajar”, afirma Iván Elizalde, uno de los que se decide a hablar en Ronca Tigrillo. Él acepta que labora para una empresa que exporta palmito y que además posee una finca de dos hectáreas.

En el acceso a la hacienda Cole, tomada por campesinos, hay una decena de motocicletas, dos camionetas y un camión. “Es de ellos, de los que están ahí”, menciona un comerciante del recinto La T, cercano a los predios invadidos y donde Galo Revilla, quien acepta ser dirigente, posee un depósito de madera.

“La mayoría tiene de qué vivir, pero quieren más. Yo gano $ 6 diarios y si voy a pasar allá con qué me mantengo. Solo los que tienen plata pueden estar ahí”, refiere un labriego de La T, que pide la reserva de su nombre.

Hace diez días, Richard León, intendente de Policía de Esmeraldas, llegó a la zona para persuadir la desocupación del predio. Los invasores, hasta el pasado viernes, se mantenían. Iván Elizalde anuncia: “Queremos que se investigue la real propiedad de todas las tierras de las palmicultoras”.

Lejos de ahí, a un costado de la subestación eléctrica de Portoviejo (km 1 de la vía a Manta), sobresalen toldos y covachas multicolores.
Allí, decenas de personas pernoctan en el piso, “peleando un terreno”.

Ketty Álvarez es una de ellas. “Ojalá nos ayuden y así poder tener una casita”, afirma esta madre soltera, quien en su cabaña de caña y cartones ubicó una bandera de PAIS que hace alusión al apoyo al Sí.

Juan Carlos Véliz, uno de los líderes de la posesión de unas 13 hectáreas, señala que ellos vienen pugnando desde hace tres años por tomar posesión de esa área y que incluso interpusieron una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo.

“Además, el presidente Correa ha dicho que muchos terrenos están deshabitados y necesitan ser poblados. De eso uno se ha agarrado para estar aquí, mas no porque él nos ha autorizado”, indica Véliz, quien dice liderar a 300 familias. Esta es una de las tres invasiones que en las últimas semanas se ha dado en Portoviejo como en Manta.

Félix Alcívar, ex asambleísta de PAIS, aclara que su organización no auspicia ningún acto que es contrario a la ley, aunque sí puede ayudar a solucionar los problemas sociales “desde el punto de vista legal”.

El gobernador de Manabí, Vicente Véliz, también aclara: “Nadie de PAIS puede auspiciar apropiaciones indebidas”. No obstante, en su despacho reposa un pedido de desalojo emitido desde el Municipio de Portoviejo, que no se hacía efectivo hasta el pasado viernes.

En Durán (Guayas), luego de quince días de gestiones, la Asociación de Vendedores de Periódicos y Anexos del Guayas logró que la intendenta Fátima Campos disponga que la Policía desaloje a los invasores de sus predios. La orden se cumplió el miércoles y dejó cuatro detenidos.

También ese día, en Guayaquil, 200 gendarmes expulsaron a los invasores que en la víspera se habían instalado en la reserva de Cerro Colorado, a un costado de  la autopista Terminal Terrestre-Pascuales.

También en Durán, un centenar de personas fueron expulsadas hace más de una semana de un predio contiguo a la ciudadela Panorama.
Mientras en Guayaquil, más de un centenar de familias están posesionadas de un terreno aledaño a las lagunas de oxidación de Interagua. Ellos aducen haber logrado un amparo constitucional.

Pero los rumores de invasiones se multiplican. El jueves 2 de octubre, en un sector del plan de vivienda Mucho Lote, al norte de la ciudad, se registró una movilización de casi un centenar de personas que intentaban posesionarse de terrenos y casas, cuyos dueños esperan completar trámites de adjudicación.

Marco legal
DICE LA CONSTITUCIÓN

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley.

Se prohíbe toda forma de confiscación.