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Presidente busca reformar a una Bolivia dividida

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Simpatizantes de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, marcharon a Santa Cruz, donde muchos se oponen a sus políticas.
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Octubre 05, 2008

Por SIMON ROMERO | SANTA CRUZ, Bolivia

A simple vista, el Presidente Evo Morales parecía haber sufrido, en septiembre, un duro revés en la ciudad rebelde de Santa Cruz.

Las turbas saquearon edificios federales, dejaron las oficinas con muebles destrozados y pintaron las paredes con graffitis en que lo tachaban, con palabras explícitamente racistas, de vasallo del mandatario venezolano Hugo Chávez.

La escena ilustra la turbulencia actual en la política boliviana. Sin embargo, contradice el poder de convocatoria que Morales tiene en el país en general, y la tensión que ha colocado sobre las tambaleantes instituciones democráticas de Bolivia, que él ha comenzado a reestructurar, entre una creciente violencia de sus simpatizantes y oponentes por igual.

Morales, el primer Presidente indígena de Bolivia, enfrenta resistencia en las tierras bajas del país que albergan a la mayoría de las reservas petroleras del país y a una élite de ascendencia europea que ve una amenaza a sus intereses.

No obstante, parece tener cada vez más probabilidades de obtener los cambios constitucionales que desea para extender la reforma agraria, crear un sistema legal aparte para grupos indígenas y poder buscar la reelección, propuestas que podrían mantenerlo en el poder durante la siguiente década.

“Ha transcurrido medio siglo desde que Bolivia tuvo a un Presidente con un grado tal de poder y apoyo público”, dijo Gonzalo Chávez, analista político en la Universidad Católica de la Paz, egresado de la Universidad de Harvard. “Ahora tenemos que ver cómo procede Evo con los planes para una reconstrucción radical del Estado y con qué métodos”.

Aunque sus oponentes han sido violentos a veces, acusan a Morales de lograr sus metas mediante la agresión. Señalan que ha ignorado fallos de tribunales que cuestionan sus políticas y que ha utilizado las mismas tácticas de intimidación que pulió como líder de los poderosos sindicatos de productores de coca, antes de ser electo Presidente.

A medida que tales tácticas se extienden en ambos bandos, crecen temores por toda la región de que la crisis de Bolivia pueda generar un conflicto encarnizado en sus rebeldes tierras bajas tropicales, que son una fuente importante de gas natural y alimento para países vecinos.

Al tiempo que la oposición se ha trasladado a provincias alejadas, Morales ha buscado conservar un poder centralizado en La Paz. El mes pasado, antes de viajar a Nueva York para la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encarceló a un importante oponente —Leopoldo Fernández, gobernador de Pando, pequeño departamento amazónico donde la resistencia al gobierno central ha sido fuerte— con la acusación de haber ordenado la masacre de más de una docena de trabajadores rurales.

Morales ha recibido el apoyo de gobiernos vecinos, que temen que la agitación boliviana amenazará sus suministros energéticos y desean ver una solución al conflicto.

La Presidenta chilena Michelle Bachelet encabezó una reunión de Unasur, naciente asociación política de 12 países suramericanos, el 24 de septiembre, para hablar sobre la crisis.

Sin presentar pruebas, Morales acusó a sus críticos de tramar un “golpe de estado civil” con la ayuda del embajador de Estados Unidos, Philip S. Goldberg, a quien expulsó el 10 de septiembre.

Washington, durante décadas una fuerza dominante en la política boliviana, aún le proporciona a Bolivia más de 100 millones de dólares al año en ayuda, principalmente para combatir el comercio de la cocaína. Es cada vez más aparente que ese dinero y otros esfuerzos de cooperación podrían no sobrevivir al bache en las relaciones entre los dos países.

“Vemos dos revoluciones que se desarrollan en Bolivia, una en la sierra, que se centra en los indígenas con un líder electo democráticamente, pero al mismo tiempo con un componente antiglobal”, señaló un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió el anonimato a raíz de las tensas relaciones con Bolivia.

“La segunda revolución, en las tierras bajas, busca un Gobierno descentralizado, pero, francamente, debe superar el racismo.

Lo que nos parece preocupante es unir estos dos procesos cuando los extremos en ambos bandos utilizan la violencia”.


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