En octubre del 2004, el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda contra el Estado por el asesinato de Carlos Lara y David Delgado.

En el 2005, la Procuraduría General de la Nación pidió a la CIDH que desestime la demanda, alegando que el caso ya fue sentenciado. Pero para Walter Mendoza, abogado del CDH, el que los cinco acusados estén libres y la lentitud con que se llevó el juicio son razones de peso para seguir la demanda. Por ello, él y los familiares de los jóvenes esperan que pronto la CIDH envíe el informe de admisibilidad (compromiso de investigar el hecho cuando hay presunción de violación de los derechos humanos).

Desde 1988, la CDH ha tramitado 16 denuncias por abuso policial, de las cuales solo dos han recibido resolución –favorable– de la CIDH. Sin embargo, dice Mendoza, los deudos solo han sido  compensados económicamente. “No hay investigación ni sanciones a quienes violaron los derechos. Solo se compra al muerto y la impunidad sigue”, expresa.

Pero los familiares de Carlos y David no están dispuestos a vender sus cuerpos. “Yo sueño en darles una casa y estudios a mis nietos, en memoria de su padre; pero lo que más quiero es que los asesinos paguen en la cárcel y se acabe la corrupción en la corte policial”, indica Olgarita Silva, madre de Lara.