Es una perogrullada decirlo, pero el resultado del referéndum del último domingo refleja, una vez más, que la mayoría de los ciudadanos quiere un cambio, que lo viene manifestando, abiertamente, desde que eligió a Lucio Gutiérrez. A este lo escogió el pueblo como Presidente, aun reconociendo que carecía de experiencia política y de formación para las tareas administrativas del país, porque se había rebelado contra el sistema y tuvo las agallas de encabezar un fallido –y obviamente ilegal– golpe de Estado contra el “stablishment”, aunque luego, ya en Carondelet, se entregó a los pactos de siempre dando la espalda a sus electores.
Rafael Correa era menos conocido que lo que en su momento fue Gutiérrez, pero como igualmente enarboló la bandera del cambio, el pueblo le otorgó –en un porcentaje superior al 80%– la facultad de que gobierne casi sin contrapesos, lo cual en democracia es mucho decir, pero si ese porcentaje se ha reducido al 64% en un lapso menor a la mitad del período para el que fue electo, tal resultado es un llamado de atención para que rectifique determinadas conductas erradas de su accionar como gobernante.
Quienes leyeron mis artículos precedentes sobre el proyecto de Constitución habrán notado que no hice campaña por ninguna de las tendencias y que me limité a comentar con ojo cívico y académico, aquello que me parecía mal junto con aciertos y omisiones, y con ese mismo espíritu le quiero decir a Rafael Correa que si efectivamente pone en práctica sus frases iniciales de la tarde del domingo, llamando a la armonía y ofreciendo llevar a cabo sus proyectos respetando al contrario (además, digo yo, de crear una indispensable confianza en la seguridad y desarrollo para que no se alejen los capitales nacionales y extranjeros), pueden venir días auspiciosos para el país.
Porque ante varias de las disposiciones ambiguas de la nueva Constitución, que meten miedo a mucha gente, principalmente en lo relacionado con la propiedad, las inversiones y la producción, serán clave las primeras acciones del Gobierno relacionadas con la aplicación de esas normas, y por supuesto –meses más tarde– con la continuación de una política que lleve adelante sus planes pero sin descalificar a la oposición, acerca de la cual el Presidente ha dicho, espero que con sinceridad, que es imprescindible siempre que ejerza sus críticas con convicción y buena fe.
Pero regresando al primer párrafo, ¿cuál es el cambio que el pueblo quiere? No es simplemente reemplazar unos nombres por otros, como cuando cambia dólares por euros, sino dejar a un lado los métodos o procedimientos que se han venido empleando en la consecución de objetivos políticos personales para utilizar otros, con las cartas sobre la mesa, desechando los naipes marcados, es decir las viejas argucias de las cuales el electorado está cansado.
Si Rafael Correa no procede así, el pueblo le pedirá cuentas y le pasará la factura. Por lo pronto ya hay una luz de alerta que se manifiesta en la pérdida de varios puntos porcentuales en el conteo del apoyo popular, a pesar del enorme despliegue de promoción y propaganda visto y oído por los ecuatorianos en los últimos meses.
El elector ecuatoriano no es de izquierda ni de derecha. La votación ideológica dura es mínima; el ciudadano vota a favor de quien cree que trabaja por su bienestar.