El Gobierno trabaja con urgencia en el texto final del proyecto de nueva Ley de Minería, para entregarlo al “Congresillo” antes de que se cumpla el término de 180 días de expedición del mandato minero aprobado por la Asamblea Constituyente.

El documento que declaró la caducidad de varias concesiones mineras y la suspensión de otras fue aprobado en Montecristi el pasado 18 de abril y el término para que se dé paso a la nueva normativa vence el 26 de diciembre de este año, sin contar con los días feriados.

El presidente Rafael Correa informó a inicios de semana que el Gobierno ya tiene listo “el primer borrador de la nueva Ley Minera”, para que esta actividad se desarrolle en el país bajo los principios de responsabilidad económica, social y ambiental, que implican el pago de impuestos y el incremento de los porcentajes en beneficio del Estado. “Ese es el desafío, no optar por el simplismo de decir no a la minería”, señaló Correa ante los comentarios de ciertos sectores radicales que se han pronunciado en varias ocasiones por la suspensión de la actividad en el Ecuador.

Una vez que se instale (20 de octubre), al “Congresillo” le quedarían unos dos meses para aprobar el cuerpo legal y enviarlo al Ejecutivo nuevamente para su expedición.

Uno de los principales objetivos del mandato –que según los asambleístas también se debería reflejar en la ley– es evitar el monopolio de la actividad y las concesiones mineras en el interior de áreas naturales protegidas o con fuentes de agua.

Mientras tanto, en el Ministerio de Coordinación de la Política, dirigido por Ricardo Patiño, se alista la reforma a los literales e y n del artículo 139 de la Ley de Tránsito, para que los comerciantes informales sigan vendiendo sus productos en los buses. El ministro ofreció los cambios hace dos semanas.

Aparte de ello, varias instituciones de Gobierno trabajan hace meses en un paquete de anteproyectos de ley, sin que hasta ahora se determine el orden de envío al organismo legislativo.

La Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades), la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Consejo de Competitividad Nacional elaboran articulados sobre las leyes de Planificación, Régimen Descentralizado, Régimen Administrativo, Antimonopolios, Empresas Públicas, Telecomunicaciones, Eléctrica y reformas al Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Pero en la Asamblea, las expectativas para el periodo de transición también rebasan las cinco leyes que el organismo legislativo debe aprobar en el plazo de 180 días (6 meses): Régimen de Soberanía Alimentaria, Electoral, Reguladora de la Función Judicial, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Según el ex asambleísta Virgilio Hernández (PAIS), quien ayer mantuvo una reunión privada con personeros de la Presidencia, será necesario que la comisión legislativa inicie el procesamiento de varias de las once leyes que deben ser aprobadas en 360 días, según la segunda disposición transitoria de la nueva Constitución.

DETALLES: Normativa pendiente

Plazos
El ex asambleísta Virgilio Hernández (PAIS) recordó  que el “Congresillo” permanecerá en funcionamiento aproximadamente 200 días (hasta la posesión de las nuevas autoridades) y deberá adelantar el trámite de varios proyectos de ley cuyo plazo de redacción, según la primera disposición transitoria, vence en 360 días.

Listado
La Corte Constitucional, los recursos hídricos, participación ciudadana, comunicación, educación, servicio público, Defensoría Pública, registro de datos, Régimen  Descentralizado, penal y seguridad pública están en la segunda tanda, según lo manda la nueva Constitución.

Sanción
La nueva Constitución crea la figura de la inconstitucionalidad por omisión, que permite a la Corte Constitucional sancionar a los entes que no cumplan lo que esta manda.