El tema laboral ha sido uno de los más debatidos, no solo en la Constitución, sino durante el periodo de sesiones de la Asamblea.

Los trabajadores apoyan el fortalecimiento de sus derechos y, sobre todo, la prohibición de la tercerización, la intermediación y el trabajo por horas.

Una vez que en abril pasado se emitió el mandato 8, que exige una relación directa entre empleados y empleadores, varias empresas e instituciones públicas presentaron públicamente a sus ‘nuevos’ trabajadores, al pasarlos de la tercerizadora al rol de pagos.

La medida también fue incluida en la Constitución.

Sin embargo, “no hay cifras (oficiales) para decir que hay un buen o un mal impacto”, señala Magdalena Barreiro, ex ministra de Economía.

Según el Banco Central, la desocupación total al 31 de enero de este año fue del 6,71%, mientras que en agosto, del 6,6%. En ese mismo periodo, la subocupación pasó del 42,49% al  45,48%.

Barreiro pone en duda el aporte de la eliminación del trabajo por horas (pues a la larga puede reflejarse en desempleo) y la capacidad del Estado para financiar otros beneficios, como la cobertura de la Seguridad Social. “Esto puede resultar un bumerán”.

Una presentación de Pedro Páez, ministro coordinador de la Política Económica, advierte que el modelo económico, al incluir a la microempresa, mejorará las condiciones laborales. Sostiene que el 33,5% de los hogares de ingresos medios y bajos en las áreas urbanas del país tienen uno o más miembros trabajando en una microempresa.

Para Sebastián Borja, vocero de la Cámara de  Industriales de Pichincha, el tema laboral de la Constitución limita el crecimiento porque encarece los costos de producción; además, afirma, no existe un estudio técnico que sustente unas reformas que respondan a un interés político.