El apartado sobre derechos no tiene oposición. La duda es: ¿hay condiciones para que se cumpla?

Juan L. es un analista en sistemas de 38 años. Está cansado de que lo despidan y de no poder instalar su propio local para arreglar computadoras. Arrienda una casa con un garaje que terminó convirtiéndose en una bodega de plantas, bicicletas, muebles... Votó por el Sí. Le pregunto si eso cambiará su vida. “Con la nueva Constitución, aquí será mi taller”, responde.

Cristina S. es una universitaria de 22 años que buscará un puesto como arquitecta. Votó por el No. Dice que trabajará por cuenta propia, porque la Constitución “trae derechos que en la práctica no se van a cumplir”.

El Régimen de Desarrollo plantea, entre otros temas, un Estado poderoso, y  sustituye el  esquema de mercado por uno  “social y solidario”, y prioriza la producción y la inversión nacionales, así como los derechos laborales.

A Juan y a Cristina, desde visiones opuestas, les preocupa su bolsillo; a los empresarios, sus capitales, y al Estado, sus presupuestos públicos. Ninguno es independiente, de una u otra manera la economía diaria los conecta.

Juan piensa que la Constitución reforzará sus derechos: elimina la tercerización, extiende la seguridad social a amas de casa y migrantes, enfatiza en beneficios laborales, otorga un tratamiento especial a la microempresa... Cristina se pregunta: “¿De qué me sirve tanto Estado si no hay quién me contrate?”. El Gobierno insiste en el Estado como eje de la economía. Lo que no ha definido aún es cómo.

Pablo Dávalos, ex viceministro de Economía y militante de izquierda, define el modelo económico como “un concepto más teórico”. Es decir, “lo que debe ser”. Pero eso está exento de contradicciones. Solo un caso: el sistema económico “se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria...”.

Bernardo Creamer, catedrático de la Flacso, dice que la parte declarativa es positiva, pero, precisamente por eso, por las buenas intenciones, deja muchos cabos sueltos. Le preocupan las distorsiones, sobre todo, a la producción, pues en el “sistema solidario” se incluyen  sectores informales que entrarían a competir en ventaja.

La Constitución contempla una política de precios. ¿Una lista de precios? Para Cristina, que no es economista, con eso habrá especulación y desabastecimiento; para Juan, se evitarán abusos; para los comerciantes, en un periodo inflacionario, una lista de precios les obligaría a bajar la calidad, a despedir gente o, si eso no alcanza, a cerrar.

“La economía es bastante compleja. Si se maneja bien se puede salir adelante por muy mal escrita que esté la Constitución; igual, puede haber una catástrofe teniendo una buena  Constitución”, asevera Creamer. La cuestión es, añade, tener claras las políticas de Estado, no solo las de Gobierno.

Claves
MODELO ECONÓMICO
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; tiene por objetivo garantizar las condiciones que posibiliten el buen vivir.

El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Es decir, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles.

La relación laboral entre trabajadores y empleadores será bilateral y directa. Se prohíbe  la intermediación laboral, la tercerización y la contratación por horas.

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios. Definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados.

El Ejecutivo definirá las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera.

El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, de preferencia aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal.

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza.

Se promoverán las inversiones nacionales y extranjeras, y se establecerán regulaciones específicas, otorgando prioridad a la inversión nacional. La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional.

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas.

El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento preferencial.

Con el fin de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago. Se prohíbe toda forma de confiscación.

Bernardo Creamer
Ph.D.  Universidad de Minnesota
“No hay reglas claras, trataron de poner un poco de todo, pero hay muchos cabos sueltos”.

Rafael Correa
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
“Con la nueva Constitución se acaba el saqueo y se entierra ese nefasto modelo económico (neoliberal)”.