De cualquier manera, independientemente del resultado del referéndum, estamos viviendo una nueva etapa. Dado que la aprobación del proyecto de Constitución era lo más probable en el momento de escribir este artículo, se lo puede tomar como supuesto para mirar lo que podría venir en adelante. Lo más importante es que con la aprobación de la nueva Constitución no se establecerá de inmediato un nuevo orden jurídico y político. En muchos aspectos ella no regirá de inmediato, porque es imposible que lo haga. Aunque su disposición final señala que entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial, no será así porque hay un conjunto de temas y aspectos que deberán seguir largos procesos. La publicación oficial podrá hacerse en unas pocas semanas, pero la adaptación de las instituciones y de los procedimientos a las nuevas normas tomará meses y quizás algo más.
Seguramente todo ello se moverá al ritmo que impongan las circunstancias, los humores presidenciales y los movimientos en el ajedrez político.
En concreto, no hay nada claro sobre el famoso proceso de transición. El documento que se añadió al proyecto de Constitución no solucionará este problema, ya que apenas hace referencia a una parte –una mínima parte– de todo lo que se debe hacer para el cambio de ordenamiento constitucional. En términos concretos, hasta que elijan las nuevas autoridades y se instalen a plenitud las nuevas instituciones no regirá la nueva Constitución, o en el mejor de los casos lo hará a medias, pero tampoco habrá dejado de regir de inmediato la anterior. El país vivirá en una zona gris, sin referencias concretas, en un terreno propicio para que la arbitrariedad se filtre desde cualquier lado.
Lo que ha sucedido en el ámbito judicial, especialmente en la Corte que dejará de ser Suprema, es la expresión más clara de esta situación indeterminada. La ofuscación, el apuro y los intereses de un asambleísta abrieron la puerta a un caos que se pudo evitar y que tendrá las mismas consecuencias nefastas que se derivaron de anteriores intervenciones políticas en ese campo. Es un problema que no se reduce al cambio de unas personas por otras ni a la disminución del número de jueces, pero tampoco es algo particular del Poder Judicial. Similares desajustes deberán vivir las demás instituciones del Estado y también el sector privado. Está en juego la instauración del nuevo orden, lo que exige no solamente que se pongan en práctica las disposiciones constitucionales, sino que estas tengan la legitimidad suficiente para que sean efectivas. Esto quiere decir que, más allá de la magnitud de la votación lograda en el referéndum, ese nuevo orden debe contar con la confianza de la gente. La pregunta central, por tanto, es si existen las condiciones y la voluntad para crear esa confianza. La respuesta dependerá, en gran medida, de la prudencia del Gobierno, pero también de lo que ocurra políticamente de aquí en adelante, especialmente del camino que tomen los grupos disidentes dentro de Alianza PAIS y los del voto condicionado.