La percepción de electores es que se gastó dinero público. La última palabra la tiene el Contralor.

Dos ciudadanos que votarán diferente en el referéndum que hoy busca aprobar una nueva Constitución coinciden en la percepción de que se usaron  fondos públicos en esta contienda electoral. La última palabra la tiene el contralor general del Estado, Carlos Pólit.

Wilson Mena Cruz, chofer de 40 años, justificó su percepción en el “bombardeo de publicidad” que el Gobierno (de Rafael Correa) hace por el Sí a través de la radio y la televisión.

“Solo pudo salir de nuestro dinero… si se puede decir así (expresa tímido), porque si no ¿de dónde más sale la plata?”. Pero a pesar de su recriminación votará por el Sí. Está convencido del ofrecimiento de cambio.

En Guayaquil, Raúl Pérez Brito, publicista de 25 años,   también considera que hubo un inadecuado uso de  fondos. Su crítica recayó en el alcalde Jaime Nebot.
“Cuando existe campaña siempre abusan de los bienes públicos y aquí  es notorio en el apoyo al No”. “Tanto  Correa como el alcalde  se aprovechan del cargo  para influenciar en la opinión de la gente y desperdiciar recursos que deberían destinarse a salud, educación, obras sociales”.

Su reproche no modifica su voto  por el No, porque considera centralista la propuesta.

La Contraloría  debería terminar identificando si hubo o no uso indebido de recursos públicos (hasta con actores), según Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana.

Entre el 1 y el 5 de septiembre pasado, la asociación de empleados del Ministerio de Minas y Petróleos organizó en el auditorio del  de Obras Públicas  conferencias sobre el proyecto constitucional, que sus actores consideraron eventos informativos, no proselitistas. Una de las exposiciones la dio el alcalde de Quito, Paco Moncayo, quien defiende la descentralización del proyecto. De 10:00 a 11:00  dejaban sus puestos  para asistir al acto, al que también fue el ministro Galo Chiriboga.

El 18 se repartieron  botones con la frase “Sí a la forestación”, durante la firma un convenio para plantar árboles.  El reparto la hizo Proforestal, entidad gubernamental. Actos como estos son los que el Contralor deberá determinar si corresponden o no al uso de fondos públicos, que no es lo mismo que gasto electoral, según Hidalgo.

Mientras el Contralor espera el fin del proceso para empezar a indagar responsabilidades, Enrique Correa, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, dijo el 11 de septiembre que “el resultado (tras diálogos  con  sectores políticos) es equitativo entre los actores electorales, pero la balanza se desequilibra con la publicidad oficial”. A su criterio, hay descontento entre algunos sectores  del país en torno al gasto público.

“Si bien es legítimo que todos los gobiernos del mundo desarrollen campañas de opinión en favor de su tesis, y la del Sí es (la tesis) del presidente Correa, no es legítimo usar bienes y recursos fiscales en campañas políticas (...). No es ético”, dijo.

El criterio de Correa difiere mucho con el discurso oficial de Jorge Acosta, presidente del Tribunal Supremo Electoral,  y de Pólit. El mandatario no está sometido al control de gasto electoral por sus movilizaciones de trabajo a diversas regiones del país o por las expresiones de respaldo al Sí en el referéndum, coincidieron.