El receso del Congreso fue un blindaje al control político del régimen, según analistas.

Con la ausencia de un Congreso Nacional, que este lunes cumplirá diez meses sin funcionar, el Gobierno estuvo  blindado al control político a su gestión, y de forma paralela neutralizó a la oposición, según analistas y ex legisladores.

Desde el 29 de noviembre, cuando  se  instaló la Asamblea, los legisladores fueron declarados en receso, y en los siguientes  ocho meses los asambleístas asumieron las atribuciones legislativas con lo cual tácitamente disolvieron al Parlamento y ataron su legitimidad a un pronunciamiento afirmativo en el referéndum que se realizará mañana.

En diez meses, la fiscalización fue casi nula. Esa tarea que fue encomendada a la mesa de legislación y fiscalización de la Asamblea, controlada también por una mayoría gobiernista, la de Acuerdo PAIS.

El único caso que se registró durante la actuación de la  Constituyente fue el del superintendente de Compañías, Francisco Arellano, a quien le quitaron el encargo tras el escándalo por el supuesto  cobro de  diezmos a los empleados  a favor de Acuerdo PAIS, pero no se investigaron las denuncias.

Aunque no lo hizo la mesa de Fiscalización, sino la Comisión Directiva,  se indagaron las labores de espionaje que hicieron grupos militares de inteligencia en la Asamblea, y la mesa   de Soberanía investigó la incursión colombiana de Angostura.

Para la analista Gabriela Calderón, el país en diez meses se ha gobernado a través de “un Congreso de bolsillo”,  y seguirá haciéndolo en la transición a la nueva estructura del Estado si gana el Sí en el referéndum de este domingo.

La Asamblea no tuvo mandato popular ni herramienta legal que le hubiese permitido desempeñarse como Congreso o  ente fiscalizador. En la práctica el Ejecutivo lo que hizo es blindarse de cualquier fiscalización. “Cómo se puede esperar que su propia mayoría oficial lo fiscalice”, agregó.

Lo que se registró  fue una fractura democrática con abrogación de facultades de parte de la Asamblea, lo cual ha generado excesos de poder en el presidente de la República, Rafael Correa, quien ha gobernado con declaratorias permanentes de emergencias, sin que haya un organismo que lo fiscalice, destacó  Xavier Sandoval,  legislador del PSC hasta el 2006.

Añadió que pese a sus imperfecciones, el Congreso en una democracia constituye un contrapeso natural del Ejecutivo para evitar que  haya abuso de poder o de  recursos.

El ex asambleísta Norman Wray (PAIS) admitió que mientras actuó la Asamblea hubo un vacío en la  fiscalización al Gobierno de Correa, y que se debe a  la situación sui géneris que se vive como es la transición. Pero recordó que la Contraloría del Estado  puede realizar los exámenes correspondientes.

Para el politólogo Julio Echeverría, si no hay tareas de fiscalización a través de un Parlamento a las acciones del Ejecutivo no se  vive en democracia. Al momento, agregó, no existe el sistema de contrapeso que es fundamental en democracia. “Esa institucionalidad propia del estado de derecho es la que ha sido abolida por la Asamblea plenipotenciaria”.

Ataque en Angostura
Estableció que hubo atentado a la soberanía nacional y aduciendo  falta de pruebas no  halló  vínculo del Gobierno con grupos irregulares.

Espionaje militar
La investigación  culminó con una denuncia ante la Fiscalía.

Caso Dayuma
Único caso con expreso pronunciamiento  del pleno al  censurar lo ocurrido por acciones de la fuerza pública.

Camilo Samán
Proceso pendiente  contra el  ex gobernador del Guayas, por recibir  pagos mensuales superiores al Presidente.

Proyecto hidroeléctrico
León Roldós (RED) inició una investigación por contratación para proyecto Coca Codo Sinclair sin informes previos.