Jueves 25 de septiembre del 2008 Política

‘Denuncia es una venganza del gutierrismo’

Palacio aclara.

El ex presidente de la República, Alfredo Palacio, dijo  que es mentira que haya incurrido en enriquecimiento ilícito, un supuesto delito por el que se le inició una instrucción fiscal.

Responsabilizó de la denuncia, que se sustenta en el  informe de Contraloría que determinó que  cedió las propiedades de la sociedad conyugal a  María Paret, a  “un viejo trío, dos visibles: (Luis) Almeida y (Lucio) Gutiérrez, que están en decadencia”. Al otro no identificó.

Palacio aseguró que “prueba notoria del indebido manejo de la información de la Contraloría a la Fiscalía General es que hasta el momento  no conozco el informe y algún certificado de propiedades, ocultamiento de información que es una violación del debido proceso”.

Gutiérrez respondió que “lo  único que hizo Sociedad Patriótica es llevarle a la vicepresidencia al vago que fue binomio mío  absolutamente nada más, no tenemos nada que ver con esas decisiones”, y que el contralor Carlos Pólit “fue”  de SP.

Según el informe hecho a las   declaraciones patrimoniales de Palacio presentadas al inicio y al final de su régimen, este no reveló propiedades ni la existencia de la escritura de capitulaciones matrimoniales.

El ex mandatario se defendió diciendo que esas capitulaciones las presentó a Contraloría, donde hace meses entregó las pruebas de descargo que fueron notarizadas, entre ellas el argumento de que el bien de $ 1,5 millones que se le atribuye a su ex esposa  es de  un homónimo. “Hasta cuándo tanta infamia... Yo no puedo creer que haya una Embajada que tenga la irresponsabilidad de reportar esto como propiedad de esta María Palacio, sabiendo que existen otros homónimos”.

También sostuvo que antes de ser vicepresidente (luego sucedió a Gutiérrez en el poder) entregó acreencias que tenía con su esposa a su familia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez, dijo ayer que no se tramitará el caso  mientras no haya un órgano legislativo instalado,  que es el órgano que debe autorizar el inicio del proceso.
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