¿Alguien en el Ecuador puede considerar que la campaña electoral para los comicios del próximo domingo ha sido igualitaria? Basta con mirar cualquier día la televisión o escuchar las radios para darse cuenta de la enorme diferencia que ha existido, especialmente cuando la principal misión del Gobierno en estos 19 meses de gestión, cadenas de medios incluidas, ha sido precisamente la aprobación de un sistema que terminará por destrozar al Ecuador.

Con la crisis real que vive la población, es criminal despilfarrar millones de dólares en tanta publicidad y en tanto gasto, especialmente si se añaden las cadenas radiales de los sábados, los gabinetes itinerantes, la enorme movilización militar, la gasolina, los viáticos, los hoteles, los almuerzos, etcétera. ¿Acaso creen que con decirnos que las movilizaciones son para inaugurar obras, los ecuatorianos vamos a comernos semejante cuento? Sería bueno conocer cuánto han costado, quién ha pagado y cuánto han cobrado los funcionarios de gobierno por todo este festín.

Es evidente que si algo caracteriza a este Gobierno, a más de la falta de coherencia, e s la virtuosidad que tiene para disfrazar las cosas y no llamarlas por su nombre.

Llaman autonomía al modelo más centralista que se ha planteado en la historia del Ecuador. Llaman transparencia a un modelo en el que los contratos se entregan a dedo, escudándose en ilegales declaraciones de emergencia. Dicen elocuentes discursos a favor de los inmigrantes, pero expresan que la crisis de los Estados Unidos no les importa para nada, olvidándose que los primeros en perder sus empleos y por ende la capacidad para seguir enviando remesas a sus familias son los cientos de miles de ecuatorianos que han debido dejar el país. Este único hecho ya es motivo para tener una enorme preocupación, a más de las evidentes implicaciones para las actividades productivas locales, tanto en cuanto a la consecución de créditos, como respecto de los mercados para nuestros productos.

Y claro, no puede faltar el discurso de que harán lo necesario para reformar la justicia y para brindar seguridad jurídica. Ni en la Constitución y ni siquiera en el discurso existe alguna mínima propuesta seria y profunda. Por el contrario, lo único que recomiendan es la desobediencia a la Ley de Tránsito dictada por ellos mismo, la desobediencia a la Constitución en el caso de que se apruebe y la necesidad de reformarla de inmediato, en ese mismo supuesto. Para muchos esto podría ser obra de desconocimiento o de intereses políticos electoreros, para, por ejemplo, no pelearse con los transportistas en víspera de elecciones. Pero en realidad, atrás de esto hay un bien estructurado plan para desaparecer el estado de derecho y con ello las libertades.