El presidente de Bolivia, Evo Morales, y los prefectos rebeldes postergaron hasta el próximo lunes el diálogo para descomprimir la aguda crisis política de este país tras una reunión este jueves en que las dos partes reconocieron avances.

"El lunes habrá otra reunión para una nueva evaluación del trabajo de las dos mesas técnicas. Necesitamos unos dos o tres días más para los temas pendientes para concluir este trabajo", señaló el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.

El funcionario señaló que hay "avances sustantivos" -sin precisar detalles- y agregó que todos los participantes coincidieron en que "se debe seguir apostando por el diálogo, sin condiciones" pero que se necesitan unos días más para un acuerdo final.

En la reunión, realizada en la central Cochabamba, participaron Morales, su vicepresidente Alvaro García Linera; los prefectos (gobernadores) opositores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca y observadores internacionales de la OEA, Unasur, UE, la ONU y la Iglesia.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, portavoz de sus pares, coincidió en que "se ha dado un paso más" pero que se necesita más tiempo.

Además, reveló que en cuanto a un impuesto regional cuya devolución piden las regiones rebeldes "existen discrepancias" pero que el tema para compatibilizar las autonomías con Constitución tiene "un avance".

"Vamos a volvernos a encontrar el lunes y nos vamos con la esperanza de que este tiempo pueda ser suficiente y se anuncien resultados", remarcó aunque reconoció, sin precisar, que existen "dificultades reales" en este diálogo convocado para desactivar la grave crisis boliviana, que en el último mes dejó 19 muertos.

Previo a la reunión el mandatario izquierdista acusó a sus interlocutores de "golpistas" y se congratuló por el respaldo que le dio el miércoles en Nueva York la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) cuando ratificó su apoyo a la democracia boliviana.

También recordó que en su alocución en la ONU el martes denunció a los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca de haber impulsado un "golpe civil prefectural" con violentas protestas, toma de oficinas públicas, aeropuertos y plantas petroleras.

El proceso de diálogo, iniciado el jueves pasado, transcurre en tenso tira y afloje.

El diálogo político está dividido en mesas temáticas de trabajo: una que intenta encontrar una salida al reclamo de las regiones de la devolución de una renta petrolera regional que el gobierno les quitó el año pasado para pagar un bono de vejez.

Otra mesa busca compatibilizar el proyecto estatista e indigenista de Morales de una nueva Constitución con los procesos autonomistas que impulsan las regiones rebeldes; y una tercera trabaja sobre la designación de cargos acéfalos en el poder judicial.

El vicepresidente Alvaro García Linera afirmó este jueves horas antes de que se reanudara la reunión, que en los dos primeros temas "el gobierno ha tenido una enorme flexibilidad".

En medio de la negociación se conoció que los prefectos y líderes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija realizan gestiones internacionales para un protectorado si se da el caso de que el gobierno quiera arremeter contra las regiones autonomistas.

"Hemos solicitado un protectorado ante la eventualidad de que el gobierno quiera arremeter contra las regiones autonomistas, como ya lo ha hecho con Pando dictando un estado de sitio, además de confinar y detener a su prefecto", sostuvo el presidente del comité cívico de Beni, Alberto Melgar.

"Las gestiones que se están haciendo de parte de la dirigencia cívica, como también de los prefectos de los cuatro departamentos, es de una protección internacional", corrobó Patricia Galarza, vicepresidenta del comité cívico de Tarija, a la radio Fides.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, está recluido en una cárcel de La Paz bajo la acusación de haber ordenado el 11 de septiembre una masacre que dejó 16 campesinos muertos.