El presidente Rafael Correa ordenó el embargo de los bienes de la constructora brasileña Odebrecht y prohibió la salida de sus representantes del país porque rehusaron pagar una indemnización por daños, según un decreto hoy.

El Estado reclama la indemnización por la paralización de la central hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, que salió de servicio por daños.

Agregó que Correa también suspendió los derechos constitucionales de los funcionarios de Odebrecht, emitió una orden de arraigo por la que no pueden salir del país, y ordenó la militarización de las obras a cargo de la empresa brasileña, entre ellas una carretera, un aeropuerto y otra hidroeléctrica.

San Francisco, la segunda hidroeléctrica ecuatoriana cuya falta de operación amenaza el abastecimiento energético del país, dejó de funcionar un año después de ser entregada por unos problemas en las turbinas.