La ausencia del presidente de la Corte de Justicia de Sucumbíos y Orellana, Juan Núñez, postergó la liberación de la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, quien guarda prisión en la ciudad de Quito.

Llori fue detenida el 8 de diciembre del 2007, en un operativo militar por las protestas en la población de Dayuma, de la provincia de Orellana.
Julio Sarango, abogado de la ex prefecta, dijo que el Presidente de la Corte no acudió a su oficina ayer.

“Él ya sabía desde el miércoles que debía preparar ese documento (boleta de excarcelación)”, dijo el abogado, quien criticó además que no dejó su puesto encargado a ningún conjuez.

Indignados se mostraron ayer los familiares y allegados de la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori. Ellos acudieron en las primeras horas de ayer a la Cárcel de Mujeres de Quito para presenciar su excarcelación, pero no se dio.

El presidente de la Corte de Justicia de Sucumbíos y Orellana, Juan Núñez, quien debía firmar la boleta de libertad, no acudió a su oficina ayer.

“Él ya sabía desde el miércoles que debía preparar ese documento, sin embargo, no ha asistido a administrar justicia”, afirmó Julio Sarango, abogado de Llori.

El jurista denunció que el juez dejó las oficinas “a  propósito” el miércoles de la semana pasada, día en que Llori fue sobreseída definitivamente por los dos cargos de supuesto peculado que pesaban sobre ella.

Y lo hizo sin dejar su puesto encargado a un conjuez para que sea él quien firme la boleta, reiteró Sarango. Ahora, informó el jurista, solo se sabe que Núñez tiene tres días más de licencia.

Ante esta situación la defensa puso un recurso de hábeas corpus en el Municipio de Quito. La audiencia está prevista para  hoy, a las 09:00, informó la concejala Margarita Carranco.

Sarango puntualizó, además, que denunciará la actuación de Núñez ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para que sea sancionado de acuerdo al reglamento.

Por su parte, la Human Rights Fundation (HRF), que acogió el caso de Llori por considerarla una “prisionera política”, ya tomó las medidas respecto a estos últimos acontecimientos.

La directora ejecutiva de la HRF, capítulo Ecuador, Andrea Tapia, manifestó  que desde la central de ese organismo (en Nueva York) se emitió un comunicado a las Naciones Unidas y a Amnistía Internacional, poniéndoles al tanto de la situación.