La constructora brasileña, que lleva más de una década en Ecuador y tiene presencia en 60 países, ha sido acusada de manejos corruptos. Sus directivos callan.

Llevándose la mano hasta la frente, el presidente Rafael Correa, afirmó: “Me tienen hasta aquí”. Se refería, hace siete días, a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, de la que dijo: “Estos señores han sido corruptos y corruptores; han tenido comprados a funcionarios del Estado... Arreglen rápido lo que hicieron y arreglen rápido el resto de contratos que son tremendamente lesivos para el país”.

Se quejaba por la demora de la empresa en aceptar el pago de una indemnización de $ 43 millones al Estado por los daños registrados en la central hidroeléctrica San Francisco, paralizada desde el 6 de junio pasado. La alocución también incluyó una amenaza de expulsarla del país y terminar unilateralmente cuatro contratos por obras que suman $ 720 millones.

Las negociaciones por  San Francisco se definieron el viernes con un compromiso de la empresa de pagar la indeminzación. Pero para las cuatro obras en marcha: sistema de riego Carrizal-Chone, central hidroeléctrica Baba,  proyecto Toachi-Pilatón y aeropuerto de Tena, rigen una suspensión del pago de planillas y una investigación de la Secretaría  Anticorrupción.

La  presencia de Odebrecht en Ecuador data de hace más de una década. Ha ejecutado cinco planes en ese lapso y los primeros roces con el Gobierno de Correa los tuvo el año pasado, por el proyecto Carrizal-Chone. A inicios de agosto del 2007, el Gobierno dejó sin efecto el contrato, negociado en el régimen de Alfredo Palacio, por $ 103 millones con el consorcio Norberto Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo, porque se detectó un presunto sobreprecio de entre  12 y 33 millones de dólares.

Frente a esa realidad, el consorcio se comprometió a hacer la obra por $ 84,8 millones y logró que el contrato siga vigente.  “Atendiendo una solicitud del Presidente de la República  acordó reducir sus márgenes de utilidad y negociar con los proveedores para adquirir  tuberías y otros materiales a menor precio”, anunció entonces Odebrecht; ofreció disminuir sus utilidades y acortar el plazo de entrega, de 24 a 18 meses. “Eso hizo que haya una disminución en el rubro de los sueldos y en la compra de materiales”, menciona un ejecutivo de la compañía, que pide no se lo identifique.

Alex Alcívar,  director ejecutivo de la Corporación de Manejo de Recursos Hídricos de Manabí (CRM), señala que si bien el compromiso se dio cuando él no estaba en el cargo, este sí cumple con el cronograma.
“Estamos atentos a la evolución de la obra y esta marcha bien, incluso registra un adelanto de unos dos meses. Si hay algún problema en la contratación, la palabra la tiene el señor Presidente”, manifiesta Alcívar.

Odebrecht, en consorcio con Hidalgo & Hidalgo, también ejecutó la primera fase del Carrizal-Chone, inaugurada en el 2006 a un costo de $ 105 millones. Cuando se discutía la anulación del contrato de la segunda fase, el año pasado, productores manabitas denunciaron que a esa fecha, solo unas 2.800 hectáreas de sembríos eran irrigadas de las 7.250 que debían beneficiarse en la primera etapa.

En medio de las negociaciones que desarrolla Odebrecht con el Gobierno, por los daños en San Francisco, sus ejecutivos afirman que prefieren no referirse a las denuncias. “Cualquier cosa que digamos puede ser malinterpretada por algún funcionario”, menciona un ejecutivo que pide el anonimato.

Tampoco los funcionarios gubernamentales involucrados en el tema dan detalles de los “contratos lesivos” que habló el Presidente. Por ejemplo, Gabriel García, gerente de Hidrolitoral, entidad estatal contratista con Odebrecht del proyecto Baba, refiere que los trabajos continúan sin novedad.

“No hay una falta  en el cronograma ni en sus obligaciones contractuales. Sin embargo, no es la única construcción que tiene con el Gobierno y hay que adoptar la postura de defensa de lo que es la política de Gobierno, de que la empresa cumpla con sus obligaciones, en este caso San Francisco”.

Es esta última obra, entregada el año pasado, la que presentó fallas, una fisura en el túnel y en las bases de una turbina. Jorge Glass, director del Fondo de Solidaridad, entidad estatal a cargo de San Francisco, fue el encargado de las negociaciones. El Gobierno quería que Odebrecht devuelva los $ 20 millones que cobró por culminar el proyecto antes del tiempo previsto y otros 23 millones por lucro cesante de unos $ 200 mil diarios debido a la no generación de energía.
Todo sumaba $ 43 millones, contabilizados hasta que concluya la reparación, el 4 de octubre.

Mientras, el fiscal general, Washington Pesántez, señala que la Fiscalía insiste en el pedido de medidas cautelares (prohibición de salir del país) para catorce directivos de Odebrecht. Según él, el contrato de San Francisco era por $ 300 millones, pero se terminó cancelando más de $ 600 millones.

Pero en una denuncia presentada ante el Fiscal de Baños, el secretario nacional Anticorrupción, Alfredo Vera,  pidió el 4 de septiembre pasado el inicio de una indagación por presunto peculado contra Odebrecht. La celebración del contrato de construcción y diez adendas firmadas con posterioridad  entre Hidropastaza y la empresa brasileña permitieron que el monto inicial de $ 286,8 millones suba a $ 358,5 millones.

Vera argumenta que “hechos insólitos” han provocado no solo el aumento del precio, sino, además, actos antijurídicos.

Mediante la firma de adendas se permitió, según la denuncia,  un aumento de $ 15’765.513, por la demora en iniciar la construcción y ajuste económico por devaluación monetaria, no previsto en el contrato; así como otros $ 29’224.435  por diferencial cambiario en la conversión de dólares a reales (moneda brasileña), que tampoco está estipulada en el contrato.