De entre los derechos que incluye la nueva Constitución, uno de los que mayor impacto tendrá en el Presupuesto General del Estado es el que señala el artículo 34, el aseguramiento universal como “derecho irrenunciable de todas las personas, y  deber y responsabilidad primordial del Estado”.

Únicamente la aplicación de este artículo representará una inversión social estimada en casi $ 2 mil millones, según los cálculos que hace Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.

El artículo 34 señala: “El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”.

El artículo incluye a amas de casa, subempleados y desempleados. Jaime Carrera comienza a tirar números. “Hay alrededor de medio millón de desempleados en el sector urbano y rural, si quieren asegurarlos con un aporte mínimo de $ 35 mensuales ($ 34 es el aporte sobre el salario básico vigente), se tendrían que invertir unos $ 210 millones al año, si se quiere asegurarles a todos de una vez”, indica.

Los subempleados, según el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), alcanzan los 2 millones de habitantes, lo que según el Observatorio representaría unos $ 640 millones si se aplicara de una vez.

Ximena Abarca, directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu), considera  –con el aporte mínimo de $ 34 que daría el Estado– una inversión de alrededor de $ 600 millones en el aseguramiento de las amas de casa que, según el Conamu, comprenden  1’644.000 mujeres. “Pero faltan estudios actuariales (del IESS) para saber cuánto cuesta, porque esos $ 34 corresponden a diferentes rubros. Lo que se quiere es que en la tercera edad las amas de casa tengan jubilación y no estén sujetas al premio o castigo de sus familiares”, recalca Abarca.

El proyecto constitucional también incluye el derecho de la jubilación universal a los adultos mayores. Según datos del INEC, en el país hay unas 900 mil personas en este grupo, pero de estas unas 250 mil ya están jubiladas. El beneficio se daría al resto,  a 650 mil.

 “Con una pensión de $ 90, que sería mínima,  pongámosle $ 50; $ 50 por doce meses y por   650 mil personas serían $ 390 millones al año”, dice Carrera.