El primer costo que sí es exacto en materia de salud es el que señala la disposición transitoria 22, esto es la obligatoriedad del Estado para dedicar el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, hasta que alcance en los años subsiguientes el 4%. Según estimaciones del Ministerio de Finanzas, el PIB del 2009 será de $ 55.470 millones, entonces, el 0,5% que recibiría salud sería por aproximadamente $ 250 millones.

No obstante, la estimación que el Ministerio de Salud entregó a Wilma Salgado, hasta el lunes ministra de Economía y Finanzas, fue la más alta de entre todos los ministerios: alcanzó los 1.000 millones. “No estaba especificado, habían hecho unas estimaciones gruesas. El Ministerio de Salud detectó cuántos hospitales son necesarios para dar una atención óptima en salud”, dice Salgado.

El proyecto de Carta Política garantiza los derechos de gratuidad en salud a todos los ciudadanos, lo que implica la creación de más centros médicos, donde actualmente no hay acceso y la entrega de fármacos a todos los pacientes.

También un grupo de los discapacitados deberá recibir tratamientos gratuitos de por vida, según el artículo 47 del proyecto constitucional que reconoce a este grupo “el derecho a la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida”. De esto, los expertos no se atreven a hacer cálculos sobre el gasto.

Pero la ex ministra de Economía y Finanzas Magdalena Barreiro, con base en información del mismo Ministerio, cuantifica el costo de la aplicación del artículo 50 aprobado por los asambleístas y que señala que “el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente”.

“El Ministerio de Salud tiene cuantificado la incidencia o el costo que podrían tener esas enfermedades catastróficas y ese costo, no sé si lo tiene bien o mal, pero más o menos la cuantificación que podríamos hacer con base en esa información es que podría estar entre los $ 400 y $ 600 millones”.

En ese cálculo entran también enfermedades como cáncer o sida, que  representan ingentes gastos en medicamentos y tratamientos. “No hay por qué acusar de conspiración cuando un dato sale, que haya información de entidades públicas es una obligación”, dice Barreiro.