La gratuidad de algunos derechos del proyecto de Constitución, por ejemplo, salud, educación universitaria, seguro universal y justicia,  representa una inversión de entre 3 y 6  mil millones de dólares, algo que, según analistas, sería un detonante para la economía del país.

Anhelos, aspiraciones y hasta una carta a Papá Noel son los términos con los que analistas se refieren a la gratuidad de derechos del proyecto de Constitución. Cumplirlos inmediatamente, aseguran, será casi imposible, pues demandará entre 3 y 6 mil millones de dólares adicionales al presupuesto del Estado, según sus cálculos.

Solo para aplicar el derecho al aseguramiento universal a las amas de casa, desempleados y subempleados, y la jubilación universal se necesitan unos 2 mil millones de dólares, según estimaciones del Observatorio de la Política Fiscal.

Preocuparse por el dinero para financiar los nuevos derechos que estaban incluyendo en el proyecto de Constitución no era el trabajo de los asambleístas. “Nuestra misión fue construir la nueva Carta Política”, dice el ex constituyente por Acuerdo PAIS, Jaime Abril, miembro de la mesa 1 de Derechos y Garantías Constitucionales de la Asamblea.

La parte económica o financiera, sostiene, es responsabilidad del Gobierno. “Además, hay que recalcar que el Presidente (Rafael Correa) siempre está diciendo que se priorizará la inversión social..., la ciudadanía tiene que estar tranquila”.

La mesa en la que trabajó Abril y que la integraron otras doce personas, aprobó la gratuidad de una serie de derechos lo que, según analistas, es una amenaza para los presupuestos estatales en los próximos cinco años. Entre esos beneficios constan,  por citar algunos ejemplos, la universidad gratuita, el aseguramiento universal, la justicia, la salud y la educación.

La  presencia de economistas o funcionarios del Ministerio de Finanzas en las sesiones en las que los constituyentes debatieron la aprobación de esos derechos es incierta.  Mientras Abril dice que no conoce si hubo técnicos de Finanzas en los debates, María José de Lucca, ex miembro de esa mesa, asegura que sí, que se discutió con expertos “hasta la saciedad”. Por ejemplo, al definir la gratuidad universitaria se recibió a organismos sociales, pero no da nombres. “Una chica de la Universidad Central de Quito decía que  la gratuidad de la educación superior no le cuesta nada al Gobierno, que es una tontería”.

Aminta Buenaño, quien también integró esa mesa por PAIS, afirma que mantuvo reuniones con técnicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para incluir el derecho de la licencia por paternidad y el aseguramiento universal. “La licencia por paternidad está dentro del rubro de licencias por maternidad del IESS y lo de las amas de casa (aseguramiento), eso va a correr por cuenta del Estado”.

Se refiere básicamente a que será el presupuesto general del Estado el que asuma los gastos por los derechos que ellos incluyeron en el proyecto constitucional, algo que le representará a la economía ecuatoriana entre  3 mil y 6 mil millones de dólares adicionales a  gastos regulares, según cálculos de ex ministros de Economía y funcionarios de áreas involucradas.

Las estimaciones que hacen los economistas solo incluyen cuatro derechos que, por el momento, creen que son calculables: salud, educación, aseguramiento universal y justicia.

Pero la Carta Política también contempla otros derechos que resultan difíciles de calcular, por ejemplo, el que señala el artículo 30: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. ¿Cómo se aplicará este derecho? El investigador asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), Mauricio Villacreses, duda. “Suena muy bonito, pero no sabemos cómo tiene pensado el Gobierno implementarlo, con bonos o si él mismo construirá. Se habla de vivienda digna, no de una de 2 por 2”.

El analista cree que el gasto de aplicar este y todos los derechos del proyecto constitucional pueden llegar a 4 mil millones de dólares, incluso a 6 u 8 mil. “El Gobierno va a necesitar muchos más recursos de los ciudadanos (impuestos)” y   recalca que los ingresos por la venta del petróleo no serán suficientes. Esto pese a que este Gobierno ha manejado un petróleo con el precio más alto en la historia del país.

El crudo sustenta el 40% de los ingresos del presupuesto 2008 fijado en 10.357 millones de dólares. Y la preocupación  aumenta después de que esta semana el precio del barril llegó a 91 dólares, el más bajo desde junio pasado en que se vendió a 147. El jueves subió a 97,88.

En la pro forma presupuestaria del 2009  (estimada en 15.040 millones, 45% más que el 2008) se cuenta con un petróleo de 85,40 dólares, valor que por no ser estable no asegura que hayan los recursos para cumplir  las garantías que contempla la nueva Carta Política si gana el Sí en el referéndum.

Dicha pro forma, sin incluir los costos de la nueva Constitución, ya enfrenta un faltante de casi 2 mil millones de dólares, cifra cuyo anuncio le costó el puesto a la ministra de Economía, Wilma Salgado, el lunes pasado. Ella le pidió al presidente Correa que priorice la inversión hasta fin de año. “Le disgustó (a Correa) que haya sido la primera vez que le dicen que hay la necesidad de priorizar las inversiones”, señala.

Salgado también revela un estimado del costo de la nueva Constitución que, según reportes de los ministerios, sería de 2 mil millones de dólares. Ella  cree que el monto real puede llegar hasta 4 mil millones, pues solamente el Ministerio de Salud estimó en 1 mil millones lo que necesitaría para dar atención gratuita universal.

La falta de recursos para el próximo presupuesto, la amenaza de que baje más el precio del barril del petróleo como consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos y la gran cantidad de inversión que necesita la nueva Constitución ponen al país ante una encrucijada. “El regalar todo y aumentar los subsidios es políticamente muy rentable, pero contradice los principios del manejo económico”, opina el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, quien incluso ve esto como una amenaza para sostener la dolarización, aumento de precios de víveres y desempleo.

Empresarios como Carlos Rivadeneyra, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, creen que la dolarización es positiva y está preocupado. “Siempre han existido riesgos de que nos salgamos de la dolarización, pero no queremos que sea producto del nuevo proyecto constitucional”, dice.

También les preocupa los anuncios del Presidente de restringir el pago de la deuda externa (16 mil  millones de dólares) para cubrir las inversiones derivadas de su proyecto constitucional. “El problema es que si no paga a los que le deben, tampoco le van a dar más crédito”, indica Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil.

Los anuncios de no pagar la deuda externa y las restricciones que incluye la nueva Constitución para endeudarse agravan la situación económica, pues hay menos posibilidades que Ecuador reciba créditos de organismos mundiales. “El mercado local no tiene capacidad de absorber 3 mil millones en deuda”, señala la ex ministra de Economía, Magdalena Barreiro.

Ella recalca que el costo de la nueva Constitución no necesariamente va a impactar en la economía del próximo año, porque pueden cumplirse los derechos de manera progresiva, según la cantidad de dineros que tenga el Estado,  señala el artículo 11, numeral 8 del proyecto de Carta Magna. “Pero, entonces, ahí viene la otra parte, que no hagan propaganda de la Constitución diciendo que ese artículo se va a aplicar, porque es imposible hacerlo. Que no ofrezcan eso como algo automático, porque no es así”.

Con ella coincide Villacreses, quien recuerda que la  Constitución de 1998 dedica el 35% del presupuesto para la educación, algo que no se cumple. “Cuando veo la cantidad de derechos, que para mí son aspiraciones y anhelos, veo que simplemente esto es una carta a Papá Noel que no se va a  cumplir”.

Magdalena Barreiro
Ex ministra de Economía
“Que no hagan propaganda  diciendo que esos artículos se van a aplicar, que no ofrezcan eso como algo automático, porque no es así”.