A diario, decenas de personas hacen filas en las oficinas del Banco del Pacífico para cancelar los valores o tasas antes de iniciar un trámite legal en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Entre ellos, el pago de $ 10 para empezar el trámite de divorcio es uno de los más comunes en los usuarios, quienes en su mayoría desconocen lo que establece el proyecto de Constitución aprobado por los asambleístas sobre la gratuidad de la justicia.

Para algunos, la exoneración de pagos será un alivio para sus economías, pues hay tasas que cuestan hasta $ 50 como por ejemplo la demarcación de predios urbanos o linderos.

Sin embargo, el presupuesto del Estado no tendrá alivio, pues deberá asumir los costos judiciales para cumplir lo que señala el artículo 75: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.

Gustavo Donoso, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), asegura que el Estado deberá entregar a esta dependencia cada año $ 8 millones para exonerar a los usuarios de las tasas que pagan en las cortes.

“Hasta el 2007 que tenemos registrado hemos recaudado como $ 8 millones en todo el año, en todo el país, por concepto de tasas judiciales, de tal manera que esa sería la reposición que tendría que darnos en el presupuesto para poder suplantar las cosas que no podemos hacer si nos quitan ese derecho”, dice Donoso.

Las tasas por las que actualmente recauda dinero el CNJ tienen que ver con causas mercantiles o civiles, pues están exentas de pago aquellas que se relacionan con asuntos penales, laborales y de niñez y adolescencia. Con los recursos que autogeneran las cortes de justicia se  puede hacer el mantenimiento de las oficinas y dependencias para la optimización de sus servicios, además de la adquisición de nuevos equipos.

Adicionalmente a los $ 8 millones, el proyecto constitucional determina en su artículo 81 el nombramiento de fiscales, defensores públicos y especializados para el tratamiento de las causas judiciales. Aún no se ha dimensionado el costo económico por la creación de partidas de abogados.